El tándem PP-Claro presentó ayer en el registro 2.095 alegaciones firmadas por vecinos de Orihuela Costa, pedanías y barrios del municipio. A estas copias seguirán entre uno y dos millares más el próximo lunes (el PP estimó 300 más y Claro más de 1.000) para demostrar al tripartito que sus cuentas no se corresponden con las peticiones y las necesidades de los ciudadanos. En realidad son entre 50 y 60 modalidades distintas, una para cada sector de población del municipio, pero suscritas por diversos residentes y registradas en el Ayuntamiento de una en una ayer.
Según el concejal del PP Antonio Rodríguez Barberá la ley señala que ahora el alcalde dispone de 30 días naturales desde el próximo martes (es decir, el día siguiente al fin del plazo de exposición pública) para convocar un pleno que resuelva las alegaciones y someta a aprobación definitiva el presupuesto. Tal y como repasa el PP citando leyes y artículos, Monserrate Guillén (Los Verdes) tiene la fecha límite del 17 de agosto para celebrar ese pleno, perder a buen seguro la votación (dado que el PP y Claro suman 13 concejales de los 25 que tiene el pleno) e incorporarlas para aprobar definitivamente el presupuesto. Si no lo hace, seguirá prorrogado el de 2011, confeccionado por el PP antes de irse a la oposición.
Esas alegaciones suponen detraer un millón de euros de partidas presupuestarias generales como "gastos diversos" y destinarlos a decenas de pequeñas obras de remodelación, asfaltado, mobiliario urbano, saneamiento...
Mónica Lorente (PP) señaló que "son reclamaciones realistas, coherentes y ejecutables", no grandes proyectos sino necesidades urgentes de los ciudadanos y que resultan viables en tres meses, teniendo en cuenta que el presupuesto no entrará en vigor hasta finales de septiembre.
Antonio Cerdán (Claro) añadió que "las alegaciones reflejan el sentimiento de indignación popular que planea en Orihuela Costa tras el engaño del tripartito, que desvió en octubre medio millón de euros" previstos para el litoral.
