Charo Bañuls, alcaldesa de Bigastro (PP) quiso demostrar ayer con diversa documentación por qué todavía no abona el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la vivienda en la que reside y de dos más que construyó la inmobiliaria de la empresa familiar.
El certificado final de obra se lo concedió el Ayuntamiento en junio de 2010 por esas tres viviendas. La solicitud de declaración catastral, el denominado modelo 902, lo presentó sólo un mes después está rubricado el 28 de julio de 2010 y el Ayuntamiento le concedió la licencia de ocupación el 28 de octubre de ese año. "No he querido ahorrarme nada. Solicité el alta inmediatamente después de que me dieran el final de obra", insiste. Según Bañuls sólo llevaba residiendo en la vivienda desde los últimos meses de 2009 y no desde 2008 como declaróayer a este diario por error. Un desfase de meses, asegura, que no tiene incidencia desde el punto de vista fiscal, subrayó en compañía del teniente alcalde Aurelio Murcia. El órgano de gestión tributario de la Diputación, SUMA, no ha concluido el proceso de tramitación de ese alta de declaración catastral. Algo que es habitual en este tipo de procedimientos, según subrayaban Bañuls y Murcia, aunque otras fuentes del sector mantienen que en otros casos se puede registrar una promoción completa en un año, teniendo en cuenta el exhaustivo control que realiza el organismo público en toda la provincia para recaudar.
En casoconcluirse el alta este año SUMA girará a Bañuls un recibo por 2011, puesto que legalmente comienza a contar el ejercicio desde el 1 de enero del año siguiente a la petición y otro correspondiente a 2012 y si lo recibe en 2013, el de tres años completos. "En ningún caso serán 9.000 euros, podrían ser unos 1.000 euros por ejercicio, algo más de 300 por cada una de las casas", aseguró. Ahora abona menos de 300 por toda la finca de 600 metros cuadrados.
Recibos
En la citada residencial promovida por su empresa se levantaron seis viviendas. Sólo se pide el alta de tres porque las otras tres no están terminadas, según matizó la alcaldesa para rebatir la información difundida por este diario en la que se citaban las seis viviendas. Bañuls mostró ayer esos adosados sin concluir. No se han concliido porque no existe demanda de venta de viviendas. La única incidencia que puede recaer sobre esas edificaciones es la caducidad de la licencia de obras que el Ayuntamiento concedió en su día, algo que en ningún fuerza un incremento en la liquidación del IBI de esa parte de la finca.
La alcaldesa lamentó especialmente como cargo público la difusión de esta información en un momento en el que los vecinos van a ver cómo se les gira el recibo IBI de este año, además con las subidas correspondientes a las medidas adoptadas por el Gobierno central y que se traslade que no cumple con sus obligaciones cuando es todo lo contrario, dijo. Bañuls insistió que en ningún caso ha tenido intención de "ahorrarse" el impuesto o eludir su abono y que en ningún caso su vivienda y las otras dos están incluidas en el listado de más de 200 que el Ayuntamiento ha actualizado para "aflorar" el fraude en el pago del IBI y recordó que son construcciones que en algunos casos tienen más de una década. En su caso se comprobó que ya había solicitado el alta en el año 2010.
