La Oficina de Gestión y Recepción de Obligaciones comenzará a prestar servicio en septiembre en el Ayuntamiento de Orihuela y se encargará de hacer un seguimiento de todas las facturas que presenten los proveedores en registro municipal para evitar que se queden olvidadas en algún cajón sin firmar y sin pagar más de un mes como fija la ley. El acrónimo de este organismo, OGRO, tiene sin embargo el curioso mérito de no transmitir que busca el beneficio de los acreedores.
El concejal de Hacienda, Juan Ignacio López-Bas, aclaró ayer no sin humor que no se pretende desmotivar a las empresas. Más bien al contrario, esta oficina que contará con tres empleados municipales y posiblemente se ampliará con uno más persigue la eficacia y se dedicará a remitir cada una de las facturas a la concejalía correspondiente, como se hace actualmente, pero además acompañará una carta en la que se advierte de que se tienen que firmar por el concejal y el técnico en un plazo máximo de 30 días o motivar cuál es el problema que impide hacerlo. Así, si hay defectos en la factura o no se está de acuerdo con su contenido, el Ayuntamiento podrá hacerlo saber a los proveedores sin necesidad de que acudan periódicamente al Consistorio a preguntar cuál es el problema con sus pagos pendientes. El edil de Hacienda señaló también que entre junio y julio se ha desarrollado un plan de choque que ha permitido que el Ayuntamiento esté ahora mismo al día en aprobación de facturas.
Por otro lado, anunció que Intervención está ya elaborando un informe sobre las alegaciones presentadas por el PP en nombre de 3.500 vecinos (son 52 versiones suscritas por decenas de personas) para saber si se ajustan o no a la legalidad. Las que sí se ajusten se llevarán a comisión informativa y después a pleno, probablemente el viernes 3 de agosto, donde serán previsiblemente aprobadas por la oposición, que tiene mayoría. López-Bas señaló que en su opinión muchas incumplen la norma, que es estricta al señalar quién puede presentar reclamaciones al presupuesto y por qué motivos.
Entre las alegaciones hay una del PP que propone que una primera fase del plan de obras para eliminar barreras arquitectónicas se pague con los 120.000 euros de los sueldos del personal de confianza del tripartito que corresponden al cuarto trimestre del año. López-Bas había propuesto dar de baja tres partidas presupuestarias porque las ejecutarán Adif o Aquagest.
La UTE de las basuras recurre la intervención
La Unión Temporal de Empresas Orihuela Capital de la Vega Baja (formada por Valoriza -antigua Sufi-, Liasur y Gobancast) ha presentado un recurso contencioso administrativo en el juzgado de Elche en contra de la decisión adoptada por el Ayuntamiento de intervenir provisionalmente y después de forma definitiva el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. La Junta de Gobierno de ayer aprobó que el Ayuntamiento se persone en este procedimiento, en el que el equipo de gobierno "está seguro de haber actuado al 100% conforme a la legalidad y además con el apoyo legal de primer nivel que supone haber adoptado las recomendaciones del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana", según dijo ayer Juan Ignacio López-Bas (edil de Hacienda). El Ayuntamiento entre otras cosas argumenta que la propia UTE incumplió su obligación legal de seguir prestando el servicio mientras se decidiera si se optaba por licitar un nuevo contrato, lo que forzó al equipo de gobierno a decidir la gestión directa. Actualmente el servicio se presta desde la Concejalía de Infraestructuras. e. g. b.
