El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha desestimado en dos ocasiones el pasado septiembre la suspensión cautelar de las obras de Montepinar (residencial ilegal de Orihuela), tal y como reclamaban dos propietarios, cada uno con un recurso de apelación independiente. En ambos casos los afectados recurrían dos autos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Elche del 25 de mayo de 2012 no les daba la razón. Sus dos recursos son similares en argumentos y consecutivos en número, por lo que están siguiendo un procedimiento paralelo y ambos han sido condenados en costas.

Los propietarios recurrieron (primero ante el Ayuntamiento y después, al no darles el Consistorio la razón, mediante un contencioso administrativo) el acuerdo del pleno de 27 de octubre de 2009 en el que la corporación anterior -gobernada por el PP de Mónica Lorente pero por unanimidad de todos los partidos- aprobaba "el programa para el desarrollo de la actuación integrada del PRI Montepinar" correspondiente a la propuesta presentada por Ehisa Construcciones y Obras SA. Esta mercantil se adjudicaba mediante este acuerdo de pleno la gestión indirecta en calidad de urbanizadora y desde aquel momento tiene adquirido el derecho de llevar a cabo las obras conforme al proyecto que fue aprobado, algo que los vecinos intentan revertir porque están convencidos de que se podría hacer más barato.

Sin entrar en el fondo de la cuestión (es decir, sin decidir si la aprobación del PRI fue correcta) el TSJ decide que las obras sigan su curso porque los perjuicios que puede ocasionarle esto a los residentes son meramente económicos y por lo tanto son "resarcibles", si es que hay una sentencia definitiva que les dé la razón. Además se entiende que paralizar la obra sí que generaría "graves perjuicios al interés general", que no es otro que el de "materializar la ordenación urbanística".

Con estas obras de urbanización las viviendas ilegales de Montepinar quedarían regularizadas, lo que supone unos gastos a los propietarios que en muchos casos aseguran no poder pagar. Las máquinas en todo caso ya están trabajando y Ehisa pidió hace poco al Ayuntamiento que flexibilizara el plazo de finalización de las obras: inicialmente tenían que estar resueltas antes del próximo verano, aunque finalmente será en septiembre de 2013, quizás antes de que los vecinos sepan si tienen o no razón al recurrir la aprobación del plan. Para entonces, los residentes tendrán que haber pagado su parte en siete cuotas que les llegarán cada dos meses y de las que ya han recibido al menos tres entregas.