Explicaciones sí, pero a puerta cerrada. El regidor de Los Montesinos, José Manuel Butrón (PSOE), convocó el miércoles una "asamblea ciudadana" para ofrecer "información del equipo de gobierno sobre la situación jurídica del alcalde". El primer edil llamaba a "asistir y conocer de primera mano la situación real y la verdad" sobre sus imputaciones por presuntos delitos de prevaricación urbanística, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y cohecho. El lugar elegido para el encuentro fue la sede del PSOE. Aunque ningún concejal de la oposición se acercó a escuchar el relato de Butrón, lo cierto es que si lo hubieran hecho se habrían quedado en la calle. La posibilidad de asistir a la reunión estaba condicionada a un derecho de admisión decidido en última instancia por el imputado.
Quince minutos antes de que comenzara una asamblea vecinal, que no fue tal, el alcalde aguardaba en el interior del local flanqueado por militantes y simpatizantes del PSOE local y comarcal, así como trabajadores del consistorio. Fue la diputada y primera teniente de alcalde, Ana Belén Juárez, la encargada de anunciar a la Prensa que el alcalde no quería cámaras ni micrófonos en su intervención. Por ende, tampoco preguntas. Las explicaciones sobre el papel que ha jugado o no en el marco de la operación que investiga el juzgado de Instrucción 5 de Torrevieja en relación a más de 40 expedientes de infracciones urbanísticas, una causa en la que está imputado junto al secretario y un ingeniero, no serían recogidas por los medios porque solo se esperaba a "gente de confianza", señaló Juárez.
La agrupación socialista anunció la convocatoria pegando decenas de carteles por el pueblo para invitar a los vecinos. Prometían que se desvelaría toda la verdad sobre el caso. Cabe recordar que fue el equipo de gobierno el que acordó que los gastos de representación jurídica del alcalde y los otros dos funcionarios imputados en la causa se cargarían al erario público. Por ello, la oposición del PP, liderada por Pilar Paredes, registró un escrito para pedirle que la asamblea se celebrara en el salón de plenos. "Si todo el pueblo paga el abogado del regidor, es todo el pueblo el que merece unas explicaciones desde el Ayuntamiento, no una reunión en la sede que, como tal, condiciona la asistencia de muchos vecinos", subrayó. Desde IU también optaron por no acudir a la convocatoria al considerar que el primer edil ha de responder ante los vecinos en el pleno.
Explicaciones
Aunque los dos formaciones en la oposición opinan que Butrón no ha dado las explicaciones suficientes en relación al proceso judicial que lo asedia y que sufraga con cargo a la caja municipal, la primera teniente de alcalde opina lo contrario. Señaló que el tema ya se había tratado en otros plenos y dio el asunto por zanjado. Juárez definió la reunión como un encuentro que, aunque no exclusivo para simpatizantes y militantes, estaba ligado al derecho de admisión. Admitió que el coste de la defensa jurídica del alcalde y los dos funcionarios rebasa ya los 5.000 euros, aunque aseguró que en caso de que sean condenados "devolverán todo el dinero".
El jefe de Urbanismo destapó las supuestas irregularidades
La investigación que motivó las imputaciones se inició después de que el jefe de Urbanismo denunciara ante la Guardia Civil las supuestas irregularidades que se estaban cometiendo. Poco después, el alcalde expedientó al funcionario por la "presunta comisión de faltas graves relativas a la grave desconsideración con el personal empleado público o con la ciudadanía en el ejercicio de sus funciones". Éste a su vez lo denunció en los juzgados al considerar que dicha acusación respondía a un acoso laboral por destapar el caso. La jueza que instruye la causa ordenó suspender cautelarmente dicho expediente al hallar indicios fundados de que se estaba atacando a la integridad moral del trabajador. La denuncia por acoso se ha extendido ahora también a Juárez, a quien acusa además de prevaricación administrativa. El primer edil llegó a pedir a la magistrada que apartara a la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante del caso tras alegar que las diligencias policiales que obran en el atestado "carecen del rigor e imparcialidad propias de dicho tipo de diligencias instructoras". El recurso fue tumbado.
"Lo primero que hicieron cuando la Guardia Civil empezó a pedir documentación al Ayuntamiento fue apartarme del caso y elegir al ingeniero municipal contratado a dedo por el alcalde para realizar ese trabajo", señaló ayer el jefe de Urbanismo, Óscar Marín Vidas. Este diario quiso el miércoles preguntar al regidor por éste y otros asuntos relativos a la causa puesto que, hasta el momento, el alcalde no ha hecho ninguna declaración a los medios. El alcalde vetó el acceso a la Prensa y sólo accedió a que le echaran una foto en la asamblea. Así, las explicaciones y la verdad del primer edil siguen siendo una incógnita para todos los vecinos que no fueron bienvenidos a la asamblea. M. A. RIVES
