Una nueva vuelta de tuerca. El proceso de adjudicación del macrovertedero de la Vega Baja a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cespa-Ortiz volvió a situarse ayer en el disparadero, en esta ocasión a cuenta de los alcaldes socialistas de la zona que pidieron oficialmente a la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, la suspensión del procedimiento administrativo.

A través de un escrito presentado por registro, los representantes del PSOE en los municipios de Rafal, San Isidro, Rojales, Los Montesinos y Benferri emplazaron a la máxima representante de la institución "a mover ficha" para bloquear el avance de la tramitación de estas obras -proyectadas en el municipio de Albatera-, a la espera de que se "resuelvan definitivamente los procedimientos penales en curso", investigaciones judiciales relativas al caso Brugal y que, según insistieron, salpican de lleno al proceso de adjudicación "del contrato de obra pública del Proyecto de Gestión de Residuos Urbanos de la Zona XVII" -que afecta al tratamiento de la basura de los 27 municipios de la Vega Baja-. Una contrata que recayó finalmente en la UTE de la que forma parte el empresario Enrique Ortiz, "imputado en el citado caso Brugal".

En su escrito, los socialistas argumentan así que la suspensión del proceso de construcción de la planta por parte de la UTE sería posible de acuerdo al principio de "prejudicialidad penal" ya que, hasta la fecha no existe una resolución firme en la citada vía penal que "garantice" que los pasos que se están dando de manera paralela en el ámbito administrativo, no puedan verse afectados finalmente por el desenlace de las investigaciones, "acabando por declararse nula la adjudicación".

El paso dado por el PSOE responde, además al dictamen favorable emitido el pasado miércoles por la comisión técnica del Consorcio de Residuos -un equipo de trabajo integrado por representantes de la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos-, que certificó que la documentación aportada por la UTE para seguir adelante con la construcción es correcta. Un movimiento que deja ya las decisiones en manos del Consorcio de Residuos, que será el que finalmente conceda el visto bueno o, por contra, decida bloquear el procedimiento.

A las turbulencias que está generando la tramitación de estas obras ha contribuido también el Ayuntamiento de Albatera, que insiste en la necesidad de paralizar el proceso de adjudicación advirtiendo de que la UTE carece de una de las parcelas en las que se ubicaría la planta. Un hecho que supondría un "incumplimiento" y desencadenaría la suspensión del procedimiento", sostienen.

Sobre este hecho, el alcalde de Rafal (PSOE), Manuel Pineda, exigió a la presidenta que atienda a las voces críticas que exigen el freno de esta contrata, más ante hechos como el denunciado por el alcalde de Albatera (PP), Federico Berná, alertando de una situación "irregular" como sería el incumplimiento de uno de los "requisitos base" para seguir adelante con la adjudicación, como es la disponibilidad del terreno.

Por su parte, fuentes de la Diputación Provincial de Alicante señalaron ayer que evaluarán en los próximos días el escrito presentado por los socialistas para determinar su viabilidad.