Una pareja reclama a los servicios sociales de Noruega que le devuelvan a sus hijos menores

Aquel jueves unos funcionarios noruegos recogieron a los chicos en el Colegio Noruego, centro escolar destinado a la amplia colonia nórdica de la zona, para trasladarlos a continuación a más de tres mil kilómetros. Una actuación que la abogada de los padres califica de «situación equiparable a un secuestro» en la demanda, llevada a cabo «sin tener en cuenta la comunicación y posibles alegaciones de los progenitores, y sin disponer de una autorización judicial específica, o comunicación previa al Ministerio Fiscal». Desde esa fecha los padres solo han podido verlos a través de videollamadas de Skype una vez al mes.

La Conselleria de Bienestar Social, que no se ha pronunciado sobre este asunto, justificó la delegación del caso en autoridades noruegas ante el desconocimiento del idioma de los menores. La madre, de origen español, explica que no hubo motivos para declarar el desamparo y que en cualquier caso la mejor decisión para los niños era la permanencia en España, ya fuera junto a familiares o en una casa de acogida, y afirma que es, como han podido documentar, lo que quieren sus hijos.

La pareja llegó a España a mediados de 2011. Pero en el origen de esta situación se encuentra un seguimiento anterior de los servicios sociales noruegos realizado a los menores por el «supuesto, que no real» consumo de estupefacientes de los padres, según explica su letrada Pilar Gómez. Los chavales estuvieron fuera del hogar durante seis semanas en abril de 2011, regresando a su casa una vez los padres adoptaron las medidas de protección solicitadas por las autoridades noruegas. Poco después y aunque no era necesario legalmente, los padres comunicaron a las autoridades noruegas su decisión de cambiar de residencia a España. Teniendo en cuenta que es en Torrevieja donde reside la mayor parte de la familia materna, donde tienen sus negocios y la estabilidad económica de la que carecían en Noruega y que podían estar arropados por su entorno, establecieron aquí su domicilio y matricularon a sus hijos en el Colegio Noruego de Ciudad Quesada en julio de 2011.

La demanda presentada en un juzgado de familia de Alicante explica que la estancia de los niños en el colegio fue «la normal», aunque admite que «con las incidencias normales de unos menores que no han tenido una vida fácil, ya que habían pasado previamente por una casa de acogida». Es de este centro educativo de Ciudad Quesada de donde se envía un aviso de preocupación sobre el comportamiento de los menores a los servicios sociales españoles a través del consulado general noruego de Alicante, «obviando cualquier tipo de comunicación a los padres» y pese a los informes del propio colegio sobre la favorable evolución de los menores. El 8 de febrero de 2012 el servicio de protección al menor de Alicante resuelve de forma urgente proceder a la declaración de desamparo por una comunicación del consulado Noruego, declaración que según la demanda se realiza «sin prueba alguna, sobre la base de manifestaciones no constatadas y antecedentes caducados y archivados, y sin hablar con los padres, ni atender los informes favorables». El trámite decía que iban a ser acogidos en el Centro de Recepción Alacant, pero allí no llegaron. La noche del día siguiente ya estaban volando al extranjero. Para los padres adoptar una medida «tan grave» como la declaración de desamparo de unos menores «sin haber tenido la oportunidad de unas mínimas alegaciones» resulta «intolerable desde el punto de vista constitucional», y denuncian «la urgencia» de un traslado hecho en dos días «que hace sospechar de su irregularidad». En su demanda de oposición a la declaración de desamparo incluyen las cartas recibidas de los menores donde reflejan «sus ganas de estar con sus padres y vivir en familia». Los padres «rectificaron los errores que pudieron cometer, y no por ello se les tiene que estar criminalizando toda la vida», subraya su letrada.