El alcalde resta competencias a la interventora mediante un decreto

El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) de la provincia de Alicante ha criticado el decreto firmado por el alcalde de Rafal, el socialista Manuel Pineda, mediante el cual ha restado competencias a la secretaria-interventora del Ayuntamiento y le ha instado a que lo suspenda por considerar esta determinación «contraria a derecho, arbitraria e injustificada».

En concreto, el decreto firmado por el primer edil el pasado 29 de noviembre modifica la estructura organizativa del Consistorio y atribuye nuevos responsabilidades a una serie de funcionarios elegidos según su criterio, a quienes sitúa como responsables de nuevas áreas como la de servicios económicos y tesorería, la de obras y servicios o la de asuntos generales, entre otras.

El documento recoge que a partir de ahora «el secretario-interventor tiene el mismo rango que los jefes de área y ejerce respecto de su ámbito las mismas funciones que aquellos», unas tareas que hasta entonces desempeñaba la secretaria de la administración local.

A este respecto, desde Cosital apuntan a que esta nueva distribución organizativa persigue como finalidad «relevar de importantes funciones a la secretaria-interventora», y mantienen que el decreto de Pineda es «un acto nulo de pleno derecho, por haber sido dictado por un órgano manifiestamente incompetente y con omisión del procedimiento administrativo exigible, hurtando al pleno del Ayuntamiento del previo conocimiento de un asunto de vital trascendencia».

El delegado de Cosital en la provincia de Alicante, José Manuel Baeza, defiende que «el normal funcionamiento de un Ayuntamiento requiere de la participación de un funcionario con la formación, preparación e independencia de un secretario-interventor, funcionario de carácter estatal, que no tiene el resto de la plantilla municipal, integrada únicamente por administrativos y auxiliares seleccionados por el propio Consistorio».

El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la provincia estima que la compañera titular de la Secretaría-Intervención en el Ayuntamiento de Rafal «ha demostrado sobradamente su profesionalidad y capacidad, con una trayectoria intachable durante siete años de servicios en esta entidad con equipos de gobierno de distinto signo político».

Auxiliar

De igual modo, consideran que esta decisión, además de ser contraria a derecho, arbitraria e injustificada, «puede responder a la finalidad de eludir los necesarios controles en la toma de decisiones por el gobierno del Ayuntamiento de Rafal, lo que se corrobora por la designación como responsable del área de servicios generales de un simple auxiliar administrativo que fue candidato en la lista del partido político del actual alcalde».

Por estos motivos, el colectivo de profesionales manifiesta su «rechazo a este tipo de actuaciones, que van en contra de todos los principios éticos y de sometimiento a la ley a los que está supeditados la actuación de todos los cargos públicos», por lo que urgen al regidor de Rafal «a que deje sin efecto la decisión adoptada, sin perjuicio de las acciones que se pudieran ejercer desde este Colegio».