Comprar para vender. El equipo del gobierno del PP venderá una parte del suelo que ha tenido que expropiar por sentencias para recuperar una parte de los 30 millones de euros que ha desembolsado precisamente por esas fincas. La mayoría de terrenos cuenta con una calificación de uso dotacional público desde 1987. De hecho, los redactores del documento urbanístico dispusieron esas expropiaciones, que no se han validado por sentencia hasta 2013, porque consideraban que el terreno debía tener, en función de su ubicación en la trama urbana, un futuro uso público, pese a estar en manos privadas. Sin embargo, para algunos casos, como ocurre en el solar situado entre la CV-95 y la Avenida de Rosa Mazón y por el que el Ayuntamiento está abonando 6 millones de euros, el PGOU señala un uso terciario. Es decir, se pueden desarrollar actividades comerciales. El Ayuntamiento podrá enajenar la parcela y parte de la inversión volvería a las arcas municipales.
El concejal de Hacienda, Joaquín Albaladejo (PP), confirmó que el municipio tiene intención de realizar estas operaciones. Aunque en estos momentos la gestión de Hacienda se centra precisamente en cumplir con los compromisos de pago de los terrenos, Albaladejo explicó que cuando estén abonados y las condiciones del mercado inmobiliario lo permitan estas y otras fincas podrán venderse. De hecho, el edil aseguró que algunas empresas se han interesado por esos suelos e, incluso, antes de que estuvieran en manos municipales; y, sobre todo, por el situado frente a la zona comercial de Ozone y Habaneras y de Las Torretas. Para otras fincas, el PGOU dispone que los terrenos deben servir como zonas verdes. Pero lo cierto es que en los planes urbanísticos en los que están enclavados después de 27 años tienen cubiertas sus previsiones de suelo para jardín, según las mismas fuentes, lo que abre la puerta y más con la legislación urbanística actual a que el municipio pueda venderlos.
Problema
El problema de las expropiaciones se ha agravado con el tiempo. El PGOU determinaba un uso público que impedía a los propietarios urbanizarlos, pero por lo general el Ayuntamiento no los abonó. Sólo en casos muy puntuales sí llegó a acuerdos de permuta con propietarios y ahora no hay suelo que permutar. Los juzgados han resuelto recientemente los pleitos planteados por los afectados en la última década. En un principio las reclamaciones sumaban 100 millones de euros. Ahora se han quedado en 30 millones. Cifra que sería mucho menor si no se hubieran acumulado intereses de demora durante años.
