El alcalde Eduardo Dolón (PP) ha aprobado la propuesta del intendente principal de la Policía Local, Vicente Gutiérrez, de abrir un expediente «de información reservada» al principal subordinado de éste y segundo en la escala de mando de la plantilla, el intendente Alejandro Morer, tras ser condenado por acoso laboral a tres policías. El juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Elche condenó a Morer y al propio Ayuntamiento, como codemandado, por el «mobbing» ejercido por el mando contra tres agentes, uno de ellos oficial. El fallo resarce el daño moral y del perjuicio profesional producido con 15.000 euros a cada uno y pide «reponerlos en todos sus derechos». La acción judicial se presentó en 2006. Morer era el principal mando de la plantilla en aquel momento.
La iniciativa presentada a la junta de gobierno por la concejala de Policía Local, Agustina Esteve, está respaldada por un informe del intendente principal que pide la incoación de «un expediente de información reservada por posible perseguibilidad disciplinaria de los hechos que judicialmente se atribuyen» a Morer. Gutiérrez asegura que ha elaborado la propuesta tras una solicitud de los concejales de Los Verdes, José Manuel Dolón y José Hurtado, para que se abriera un expediente disciplinario.
El intendente principal, sin embargo, propone un paso previo, que es el expediente de información reservada «con carácter previo a cualquier actuación, para constatar la realidad o no de los hechos que se han puesto en conocimiento (...) y evitar los efectos negativos e indeseados de que un simple rumor o sospecha originen un procedimiento innecesario». El equipo de gobierno sí da por constatados los hechos puesto que decidió acatar la sentencia sin recurrirla y pagar la indemnización, tras una junta de gobierno celebrada el 28 de febrero. El régimen disciplinario obliga a la administración a incoar estos expedientes tras una sentencia judicial en firme. Procedimiento que podría no tener consecuencias por haber prescrito unos hechos que se llevaron al juzgado en 2006.
«Los castigados»
Como avanzó esta edición, el fallo determina que los tres agentes, a los que el resto de compañeros apodaban, según la sentencia, como «los castigados», fueron objeto de acoso laboral por parte de mando, quien les retiró el complemento de productividad; los destinó, en solitario, a la vigilancia de rotondas y retenes periféricos sin justificación; les encargó tareas por debajo de su cualificación y les denegó de forma injustificada permisos y vacaciones.
Los tres agentes son miembros de Comisiones Obreras, sindicato que cuestionó en 2004, que el cuerpo policial empleara a interinos en controles de vehículos tras la muerte de uno en un accidente cuando participaba en uno de estos dispositivos. Tras esos hechos fueron «castigados», a través de un decreto firmado por el entonces alcalde Pedro Hernández Mateo a cubrir rotondas y retenes.
