El Ayuntamiento de Bigastro necesita aplicar un Plan de Saneamiento supervisado por el Ministerio de Hacienda para evitar la quiebra. La deuda de 9.801.489,49 euros que arrastra el municipio y el «desequilibrio estructural» que, según la interventora, afecta a la administración local hace imposible que se puedan cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria que exige el Ministerio de Hacienda antes de que concluya el ejercicio de 2015. La funcionaria de alto rango estima que para salvar al pueblo de la ruina económica es imprescindible que el Gobierno supervise y apruebe un proyecto de actuación que permita poner en orden las cuentas durante un periodo de cinco años. Y no solo eso.
Advierte que si los representantes políticos no son capaces de impulsar medidas que pongan solución al desastre económico del Consistorio, se podría llegar incluso a disolver los órganos de la corporación.
El informe financiero, elaborado por la interventora municipal para hacer balance de la realidad económica del Ayuntamiento de Bigastro, es demoledor. Recoge que en el ejercicio de 2013 la entidad incumplió con el objetivo de estabilidad presupuestaria arrojando un balance negativo de 299.979,60 euros. Tampoco se cumplió durante ese ejercicio el objetivo de la regla del gasto, que se sobrepasó en 417.848,36 euros.
Mientras tanto, la deuda roza ya los 10 millones de euros, que suponen el 221% de los ingresos corrientes de carácter ordinario de la administración, una cifra que tampoco cumple el límite de deuda fijada por el Ministerio de Hacienda.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada por el ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012 estableció que los ayuntamientos que incumplieran el principio de estabilidad y equilibrio presupuestario tendrían que aplicar un plan económico-financiero para justificar ante el departamento que dirige Cristóbal Montoro cómo se va a hacer frente a la deuda y especificar los recortes y subidas de impuestos que se aplicarían en estos casos para reflotar economías locales.
Pues bien, el equipo de gobierno que lidera Charo Bañuls (PP) ha elaborado este plan a instancias de la interventora y ha concretado una batería de medidas de gestión, organizativas, presupuestarias, fiscales y financieras. Entre ellas, negociar un convenio laboral para los trabajadores municipales, suprimir servicios no obligatorios, un plan de austeridad en el gasto, revisar los valores catastrales, aumentar la cuota tributaria del IBI o la solicitud al Estado de medidas extraordinarias para conseguir liquidez.
Insuficientes
La valoración que la secretaria-interventora ha hecho tras estudiar esta batería de medidas es que no son suficientes. En este sentido señala que el plan presentado «pone de manifiesto la necesidad de emprender otros cauces que permitan el saneamiento de la hacienda municipal».
Cabe recordar que el Ayuntamiento ya está aplicando un Plan de Ajuste que ha conllevado el recorte de múltiples servicios y el aumento de las tasas de algunos otros, que fue aprobado el pasado año como condición para poder pedir un préstamo para pagar cerca de 3,7 millones de euros en facturas atrasadas a proveedores, en su inmensa mayoría procedentes de los anteriores gobiernos socialistas. Pero la secretaria estima que el «desequilibrio estructural existente» y la necesidad de hacer frente a las deudas con los bancos hace imposible que se pueda reflotar el Ayuntamiento y estima que hay que aplicar nuevas medidas. En este sentido señala que las propuestas del Plan de Ajuste inicial son «insuficientes» y que la ejecución de las nuevas medidas presentadas por el equipo de gobierno «no permiten el cumplimiento de los objetivos de estabilidad en el plazo legal contemplado (2014-2015), por lo que se hace «necesario la adopción con carácter adicional de Planes de Saneamiento cuyas medidas deberán solaparse a las previstas en el actual Plan de Ajuste y Plan Económico que se apruebe».
El edil de Hacienda, Antonio González (PP), restó hierro al asunto y señaló ayer que esta medida serviría para poder refinanciar la deuda con los bancos. Una vez más reiteró que la difícil situación económica no la han creado ellos sino los anteriores gobiernos del PSOE que dejaron un Ayuntamiento «al borde de la quiebra». La interventora advierte que en caso de que la corporación no sea capaz de acordar un plan para salvar la economía local, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una «comisión de expertos» para valorar la situación y presentar propuestas para evitar la quiebra y que, en caso de que no se apliquen, podrían llegar a motivar la disolución de los órganos de la corporación para que el Ayuntamiento sea rescatado por el Gobierno central.
