La Policía Judicial ha aportado un informe en el que se certifican las supuestas llamadas ajenas a la función pública de los investigados, que en su mayoría ha devuelto una . Además de los citados anteriormente la jueza ha tomado declaración al exedil Daniel Plaza, que renunció al cargo tras desvelarse el caso a finales de 2012, el exdelegado de Educación Jose Manuel Pizana y el exasesor Graham Knight. Todos, a excepción de éste último han devuelto entre 500 y 1.000 euros de facturación de sus móviles públicos correspondientes a llamadas que «podrían» ser privadas antes de negar en el juzgado que las hubieran hecho. La juez debe decidir ahora si continúa la instrucción con nuevas pruebas y en función de lo que soliciten las partes personadas, entre ellas el PSOE, formación que denunció el caso, o por el contrario considera que no existe delito de malversación de fondos públicos, motivo por el que se abrió la investigación.
