El edil del Partido Popular (PP) Antonio Rodríguez Barberá, que en la pasada legislatura dirigió las áreas de Urbanismo y Ordenación del Territorio, fue ayer el último de los nueve ediles y exediles de este partido que en los últimos días han prestado declaración en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Orihuela por su supuesta implicación en un delito de prevaricación continuada por aprobar facturas con reparos sin expediente y previa fiscalización del gasto así como por fraccionar contratos durante los años 2007 y 2008. Rodríguez Barberá aportó a la jueza dos expedientes de contratación vinculados a la ejecución de la obra del edificio de la Tercera Edad y La Música de San Bartolomé (que suman 60.000 euros) y aseguró que no se fraccionaron para eludir la legalidad porque, precisamente, la legislación marcaba que se tenían que tramitar por separado al tratarse de dos asuntos distintos. Aunque el edil defendió su inocencia y pidió el archivo de la causa, sus compañeros deslizaron en los interrogatorios que era él quien presidía la mayoría de las juntas de gobierno en las que se adoptaron los acuerdos que se inspeccionan y de los que, al parecer, siguen aportando nueva documentación que el Ayuntamiento no incluyó o encontró cuando el juzgado la solicitó, como un contrato de limpieza de edificios educativos adjuntado por el exedil Antonio José Ortiz que data de la década de los 90.

Al término de su declaración, Rodríguez Barberá explicó que defendió ante la jueza que el desarrollo del expediente de contratación está «perfecto con arreglo a la Ley» y dijo que a él se le ha imputado «por haber firmado el 7 de agosto el contrato, no por del desarrollo del propio expediente», que no se había adjuntado al sumario. «He aclarado que no es un fraccionamiento, un contrato es de la dirección facultativa de la obra y el otro de la dirección de ejecución de coordinación de seguridad y salud. El desarrollo de las adjudicaciones es por personal distinto, uno es el arquitecto y el otro el arquitecto técnico» que es lo que se requiere «al ser un edificio público de carácter cultural». El edil, que contestó a las preguntas de la jueza y del Ministerio Fiscal, pero no a las de la abogada de la acusación, dijo que «han denunciado cosas que están haciendo ellos», en referencia a la gestión del bipartito de Orihuela (PSOE y Los Verdes) y teniendo en cuenta que fue la socialista Antonia Moreno la que registró la denuncia.

«Técnicos»

El exconcejal del PP Antonio José Ortiz y el actual edil José Manuel Cutillas también prestaron ayer declaración. Ortiz explicó a los periodistas que la documentación aportada «justifica la legalidad de todas las actuaciones» que hizo en ese periodo. Estos servicios, que ascienden a unos 250.000 euros, hacen referencia a la «limpieza de colegios y centros de salud, al transporte escolar y mantenimiento de las calderas de centros educativos». «En todos los casos he dejado claro que estos servicios contaban con sus correspondientes contratos y expedientes administrativos, que justificaban que se realizaban los servicios, siempre bajo la legalidad», expresó. Cutillas dijo que se trataba de servicios que se prestaron y que contaban con «la aprobación de los técnicos». «Siempre he ido de la mano de los técnicos porque no soy una persona jurídicamente preparada, y lo que me han dicho que tenía que hacer, lo he hecho».