A la tercera no va la vencida. El equipo de gobierno del PP ha dejado caducar el tercer expediente que reclamaba la resolución del multimillonario contrato de recogida de basuras y limpieza viaria que realiza Acciona en Torrevieja desde 2004. Los técnicos que supervisan el servicio informan desde julio desde 2012 de la necesidad legal de dejar sin efecto la adjudicación por graves incumplimientos del pliego de condiciones por el que fue adjudicado hace diez años.
Tras llegar el expediente municipal en dos ocasiones caducado al Consejo Jurídico Consultivo para que emitiera informe, en noviembre de 2013 la edil de Contratación, Carmen Gómez, aseguró que no iba a ocurrir lo mismo en esta ocasión. Pero ha vuelto a suceder. El organismo de la Generalitat se garantizó que no se pusiera en cuestión su diligencia entregando el informe poco después, en enero de este año. El Consejo resolvió, tal y como defienden los técnicos, que Acciona incumple el pliego; sobre todo, por la carencia de planta de transferencia de basuras en el término municipal por lo que debe dejar el servicio. Algo que anunció el propio alcalde, Eduardo Dolón, en rueda de prensa en febrero. Pero desde ese momento hasta la fecha la junta de gobierno solo ha actuado para rescindirlo en junio y lo hizo fuera de plazo. La empresa ha interpuesto un recurso para que se declarara la caducidad de ese expediente y lo ha ganado. Esta vez Dolón no ha informado de ello. Se desconoce el motivo por el que ese acuerdo no se ha hecho efectivo. Mientras se rebasaba el intervalo para resolver, el Ayuntamiento ha tenido tiempo además de prorrogar la contrata a Acciona hasta que se concrete una nueva licitación. La adjudicación a diez años expiró el 14 de junio.
Se trata del mismo contrato que le ha costado tres años de cárcel al exalcalde Pedro Hernández Mateo por falsedad documental y prevaricación continuada. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana determinó que Hernández amañó el concurso para que fuera dado a la multinacional. Todo este procedimiento administrativo se ha desarrollado en paralelo a dos hechos muy ligados al servicio público: la investigación judicial y la posterior condena al exalcalde y la denuncia por el que está imputado en estos momentos por un supuesto delito de prevaricación el concejal de Urbanismo, Francisco Moreno, por supuestemente conceder una licencia a la planta de transferencia. La instalación fue clausurada por el propio edil en marzo de 2012 una vez se inició la investigación.
