La interventora de Torrevieja ha asegurado que no existe en el registro un expediente referente a la contratación del servicio de explotación de una Caseta Oficial del Ayuntamiento en la Feria de Mayo. Algo que contrasta con el hecho de que el equipo de gobierno haya estado contratando al menos desde 2011 un servicio de catering específico donde el técnico aludía a que el destino del gasto era esa caseta municipal, según desveló ayer Los Verdes y figura en la documentación oficial que la formación ha recibido.
Para esta formación el informe «desmiente y dejando en evidencia a todos aquellos que durante los últimos años han venido defendiendo que la Caseta Oficial era la del Ayuntamiento, aunque sí que ha venido siendo el Ayuntamiento; o sea, todos los contribuyentes, quienes se han venido haciendo cargo del pago del catering que se suministra para el consumo de las personalidades y personajes que acuden a la Caseta Oficial de la Feria de Mayo».
Para los ediles José Manuel Dolón y José Hurtado de estos hechos se desprende que «los ciudadanos de Torrevieja hemos sufragado las comilonas y bacanales de nuestros gobernantes del PP, haciéndonos cargo del pago de sus fiestas y saraos que, encima y para mayor desvergüenza, se han venido utilizando sin ningún tipo de rubor como propaganda política». El pleno del Ayuntamiento fiscalizó el 1 de agosto a petición de la oposición en bloque 37 contratos adjudicados «a dedo» relacionados con la Feria de Mayo, correspondientes a los ejercicios 2011 a 2014, por un montante de 615.000 euros. El gasto en catering para esa supuesta caseta durante esas ediciones forma parte de esa batería de contratos que la interventora y la oficial mayor cuestionan porque consideran que la Feria es un acto único anual y debía contratarse todo el gasto como uno.
Informe retenido
Los Verdes incidió en el hecho de que el alcalde, Eduardo Dolón (PP), hubiera retrasado mes y medio la entrega a la oposición de este informe sobre la inexistencia de la Caseta Oficial del Ayuntamiento. El primer edil lo ha facilitado «a los dos meses largos de haberse producido» la petición formal mediante escrito presentado el día 19 de agosto. La interventora respondió el 8 de septiembre. Desde ese momento el documento permaneció en poder de la Alcaldía «sin facilitar el referido documento a los legítimos peticionarios hasta el pasado miércoles, día 22 de octubre», según las mismas fuentes.
