El Ayuntamiento de Bigastro ha abierto un expediente de responsabilidad patrimonial para que sean los dos exalcaldes socialistas de Bigastro, José Joaquín Moya y su sucesor, Raúl Valerio Medina, quienes sufraguen la multa de 60.000 euros que la Inspección de Trabajo ha impuesto a la administración local por «simular la contratación de trabajadores» en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social con el objetivo de que pudieran «obtener fraudulentamente prestaciones».

La alcaldesa del municipio, Charo Bañuls (PP), dijo ayer en respuesta a las declaraciones de Medina, que acudió el pasado día 8 a declarar por este asunto a los Juzgados de Orihuela imputado por malversación, que el consistorio «no ha denunciado a personas ni perseguido a nadie como quiere dar a entender Medina, sino que la denuncia fue contra los responsables políticos que tomaron la decesión de pagar falsas cotizaciones a personas que no estaban trabajando en el municipio utilizando dinero público y cometiendo presuntos delitos de fraude, malversación y prevaricación».Bañuls consideró que esos vecinos «son víctimas de los responsables políticos porque les engañaron, les hicieron creer que no pasaba nada cuando sabían que se estaban cometiendo irregularidades».

Despidos

Por otro lado, y respondiendo a las críticas del PSOE relativas a que todavía se adeudan las indemnizaciones a los trabajadores que han sido despedidos del Ayuntamiento durante esta legislatura, que ascienden a 390.000 euros, la regidora dijo que todavía no se han podido abonar porque los ingresos con los que cuenta el consistorio no son suficientes para saldar «todas las deudas que dejaron los socialistas». Dijo que desde 2012 se ha pagado más de un millón de euros que se debía a Hacienda o casi 400.000 euros por las tres nóminas que el gobierno de Medina adeudaba a los trabajadores. Bañuls volvió a justificar que era necesario reducir la plantilla de 110 a 50 personas porque no había dinero y esta medida permitía ahorrar 700.000 euros en sueldos al año. La regidora defendió, con respecto a la situación de la Mancomunidad de Promoción Económica, que los despidos de los trabajadores y la disolución de este ente era necesario porque estaba en quiebra, entre otras cosas, porque el anterior gobierno del PSOE adeudaba las cuotas desde 2007 a 2011, un total de 125.000 euros.