La renta agraria de la provincia de Alicante ha pasado de los 402 millones de euros contabilizados en 2013 a 316 millones en 2014, según los datos recabados por la organización agraria Asaja-Alicante. Las causas de este descenso se centran principalmente en las pérdidas de producción por los estragos de la sequía del último año, que arrasó los cultivos de secano y motivó el incremento de los costes de riego, a los que han ido unidos los aumentos de precio de las semillas y plantones (+13%), energía y lubricantes (+2%) o los gastos veterinarios (+2%).
El presidente provincial de Asaja, Eladio Aniorte, apuntó que además de la escasez de lluvia, existe otro fenómeno más preocupante si cabe para los agricultores, que es el «incomprensible descenso de los precios en origen, que es lo que percibe el agricultor, y que se sitúa en torno al 15%, a pesar de que han aumentado los costes de producción».
La organización agraria expone que el descenso de la oferta durante el último año debería de haberse correspondido con un aumento de los precios que los productores cobran en base a la ley de la oferta y la demanda, pero, sin embargo, esto no ha sido así. Además, esgrime Aniorte, el consumidor final solo ha percibido un abaratamiento en torno al 1% a pesar de que los agricultores están vendiendo a precios mucho más bajos. Según Asaja, son las grandes comercializadoras y los intermediarios los que «inflan los precios de forma desmesurada e imponen al agricultor precios irrisorios con prácticas desleales y la especulación que afectan tanto al productor como al consumidor».
Por ello, la organización exige que se continúe avanzando en la aplicación de medidas de mercado «para acabar con la falta de transparencia, las prácticas anticompetitivas y desleales y la especulación que se producen en la cadena alimentaria y que perjudican a los productores y consumidores». Consideran que es necesario ampliar la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y establecer un marco europeo de contratación «que concrete índices económicos referenciados a los costes de producción y un código de buenas prácticas de obligado cumplimiento con sanciones para acabar con los abusos».
