Al menos un millón de toneladas de basura está sirviendo como «alimento» de los limoneros que se plantaron entre 2008 y 2011 en fincas de Orihuela para tapar uno de los mayores delitos contra el medio ambiente que ha conocido la provincia de Alicante y por el cual la jueza Rosa María Villegas (de apoyo en el juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela) quiere sentar en el banquillo a siete empresarios, entre ellos a Ángel Fenoll, a su hijo y a Javier Bru (exedil popular en Albatera); y a cinco mercantiles, entre ellas Proambiente, la beneficiaria a través de su vertedero de La Murada-Abanilla de la mayor parte de los residuos que ha generado la comarca de la Vega Baja y algunos municipios de Murcia durante los últimos años con unos precios por eliminación que hacían imposible la competencia del resto de empresas. Ahora se ha sabido por qué.
La magistrada ha dado por cerrada la fase de investigación del proceso y en un extenso auto considera que debe incoarse procedimiento abreviado por un delito contra el medio ambiente contra Ángel Fenolldelito contra el medio ambiente , Antonio Ángel Fenoll, Ángel Javier Fenoll, Francisco Fenoll, Francisco Poveda, Javier Bru y José Vera y por responsabilidad civil contra las mercantiles Proambiente, Ambiental Elements SL, Transformaciones Vera, Agrícola de Orihuela y SAT Virgen del Camino. En definitiva, la decisión de la jueza da paso a la fase de calificación antes de llegar a juicio.
El auto es demoledor. En él, a tenor de las investigaciones, se llega a la conclusión de que Ángel Fenoll, administrador único de Proambiente, coordinó con su hijo que los diversos transportistas que debían verter las basuras destinadas a la planta lo hicieran en fincas del término municipal de Orihuela, «sin la preceptiva autorización», lo que se vino haciendo durante los años 2009 a 2011, en fincas propiedad de Francisco Poveda y con la intervención directa de Javier Bru, administrador de Ambiental Elements, y mercantil responsable del tratamiento de los residuos entregados por el Centro de Tratamiento de Residuos de Baix Vinalopó. Los vertidos, según el auto, «se producían directamente sobre el terreno sin ningún tipo de selección previa y posteriormente se cubrían con tierra que se aplastaba con maquinaria». INFORMACIÓN publicó hace tres años varios reportajes en los cuales se veían plantaciones de limoneros sobre restos de todo tipo, incluso sanitarios. Además de las catas que han descubierto desechos enterrados o de los que ha detectado la Confederación Hidrográfica del Segura (porque algunos enterramientos invadieron dominio público, como fue el caso de Rambla Salada, además de afectar a acuíferos), la jueza asegura en el auto que el paso del tiempo ha permitido comprobar cómo afloraban lixiviados y olores porque se han producido desprendimientos.
La jueza dice que Angel Javier Fenoll, sobrino de Ángel Fenoll, era el encargado de coordinar los trabajos de vertidos en las fincas exteriores al vertedero, mientras un hermano del administrador de «Proambiente», Francisco Fenoll, «se encargaba de tapar (con tierra) con una máquina las basuras vertidas». De hecho, de ello hay constancia desde 2008 en la finca Los Corrales. También cooperó en esta actividad de enterramiento la empresa Transformaciones Vera, cuyo administrador era el imputado José Vera.
La instructora detalla que el dueño de las fincas sobre las cuales se enterró basura, Francisco Poveda, procedió a plantar cítricos e invadiendo, incluso, parte de la Rambla Salada, lo que dio lugar a un expediente de la CHS, concretamente en las fincas Los Corrales, Los Sigüenza o Los Ruvira, donde se han detectado lixiviados que han afectado a los acuíferos subterráneos.
Depósito
El volumen de basuras enterradas es imposible de saber aunque el auto adelanta algunas cifras. Así sitúa en la parcela 6 del procedimiento judicial 283.500 toneladas de residuos y en las parcelas 36 a 40 otras 104.400 toneladas. Pero hay más. Así la jueza explica que en las parcelas 18 y 23, «se constata la existencia de más vertidos, produciendo una liberación de lixiviados a través de los taludes del frente de depósito a los terrenos de la parcela 25, lixiviados con altas concentraciones de cloruros, sulfatos, amonios y demás materiales pesados que, según conclusiones de los distintos informes elaborados, constituyen un grave peligro para el equilibrio de los sistemas naturales», según los informes que obran en la causa. Y otra pericial sobre las parcelas 14, 16, 17, 18, 19 y 23 concluye que los afloramientos de lixiviados no proceden de «Proambiente» sino de residuos enterrados en las mismas y que estima en 520.085,45 metros cúbicos (467.000 toneladas).
