El Juzgado de Instrucción 8 de Alicante ha decretado la reapertura de la investigación de una de las dos ramas de la «Operación Redován», que aborda un supuesto amaño en la adjudicación de la contrata de suministro de agua del municipio. En concreto, la causa retomada ahora trata de esclarecer el presunto soborno de 100.000 euros ofrecido por una de las mercantiles que optaban a ese concurso, Acciona, al exconcejal del PSOE José Manuel Cartagena, integrado entonces en el equipo de gobierno, para que su oferta resultara ganadora.
El magistrado que ha asumido la causa, Juan Vicente Gambín, lo ha hecho después de que la Audiencia Provincial lo declarara competente para abordar la investigación sobre este asunto. El inicio de la fase de instrucción comienza con una ronda de declaraciones en las que Benjamín Rocamora, comisionista en materia de contratación, ha sido llamado a declarar como testigo el 25 de febrero.
La investigación sobre el presunto amaño de la contrata se inició en julio de 2010 tras una denuncia de la entonces alcaldesa, la socialista Leticia Bas, quien detectó una manipulación en la plica del contrato por 35 años. Al parecer alguien falsificó los documentos y varió el precio de 3,3 millones que recibiría el Ayuntamiento a 300.000 euros, de la empresa que logró la adjudicación, la mercantil Facsa. A dicho concurso se presentaron solo dos empresas, Facsa y la UTE Acciona-Bluesa. Esta segunda solicitó conocer el proyecto que había presentado la adjudicataria y fue cuando se descubrió el fraude. Mientras la UTE había presentado una plica con una oferta económica de 2 millones, la otra empresa había ofrecido 3,3 millones, aunque ese documento se cambió por el que fijaba la cuantía en 300.000 euros.
El Juzgado de Instrucción 3 de Orihuela inició la investigación y la dividió en dos causas, una que abordaba un supuesto delito de prevaricación por la manipulación de la plica, en la que también está implicado el exedil Cartagena, y otra por cohecho por el ofrecimiento de ese supuesto soborno. Pues bien, el juzgado oriolano remitió esa segunda causa a la Audiencia y ha sido este órgano el que la ha derivado a los juzgados de Alicante.
Reunión
Según se expone en el auto que ha fijado ahora el inicio de la ronda de declaraciones, la reunión en la que se puso sobre la mesa la posibilidad de ofrecer un soborno de 100.000 euros ocurrió posiblemente en marzo de 2010 en el Hotel Meliá de Alicante. Acudieron el exconcejal socialista, el comisionista Rocamora que ha sido citado a declarar y una persona vinculada al departamento comercial de servicios de la zona de Levante de la empresa Acciona, Rodrigo Vaillo. El propio concejal reconoció en su declaración ante la Guardia Civil que se le ofreció esa cantidad de dinero para que la opción de Acciona saliera adelante en caso de que el concejal que daba la mayoría al gobierno socialista, Joaquín Pozuelo, de IU, se resistiera. Cartagena aseguró que esa proposición se realizó, pero le dijo al representante de la empresa que incluyera esa cantidad en el canon.
