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Orihuela continúa sin cobrar la ORA y el tesorero dimite sin justificar 5 años de deuda

Contratación comenzó en septiembre un proceso de liquidación que se eterniza sin que el bipartito conteste a las alegaciones de Esma Park

Orihuela continúa sin cobrar la ORA y el tesorero dimite sin justificar 5 años de deuda

Cinco años después de adjudicar un servicio para regular el aparcamiento en el centro de Orihuela y, al mismo tiempo, obtener unos ingresos extras para el municipio, el Ayuntamiento puede decir que ha logrado lo primero -con críticas de vecinos, es cierto- pero no lo segundo, porque sigue sin cobrar ni un céntimo por la adjudicación de la Ordenanza de Regulación del Aparcamiento (ORA) y, lo que es peor, a estas alturas desconoce aún cuánto le debe exactamente la adjudicataria, algo que probablemente no se sepa nunca.

Desde el comienzo del servicio, adjudicado en noviembre de 2009, la mercantil ha realizado liquidaciones trimestrales pero sin que las mismas se hayan traducido en ingresos en las arcas municipales. El escándalo que estalló en septiembre, cuando el edil de CLr-Claro, Juan Ignacio López-Bas, destapara que la empresa no ingresaba ni un euro, ha derivado al cabo de varios meses en serias discrepancias entre el Ayuntamiento y la mercantil sobre la cantidad que se debe exactamente y la diferencia no es cualquier cosa, porque son 60.000 euros, que Esma Park se niega a reconocer si no se lo demuestran y, al parecer, no se lo pueden probar.

De hecho, las alegaciones llevan desde mediados de noviembre a la espera de ser resueltas por la Tesorería y en este punto se encuentran todavía, tal y como admitió Víctor Ruiz, porque el tesorero contratado por el equipo de gobierno presentó su dimisión irrevocable el 31 de enero pasado sin realizar el informe contestando a las alegaciones y dando con él sus explicaciones de por qué son 60.000 euros más los que se reclaman, trabajo que ahora tendrá que realizar su sustituta, una funcionaria sin acreditación en materia económica, que ha sido colocada por el bipartito tras la sorprendente marcha del «fichaje» que utilizaron para echar del puesto a un funcionario que de forma interina lo ocupaba desde hacía dos décadas.

Tal y como apuntó a INFORMACIÓN Víctor Ruiz, todo apunta a que finalmente el Ayuntamiento deberá aceptar las alegaciones de Esma Park ante la imposibilidad de comprobar la cuantía exacta de la deuda, ya que para ello habría que examinar cada uno de los tiques que los parquímetros han registrado en la ciudad durante cinco años para comprobar si las liquidaciones trimestrales de la empresa son o no las correctas.

En cualquier caso, a poco más de ocho meses de que finalice la adjudicación a Esma Park, el próximo noviembre, el Ayuntamiento sigue sin cobrar y ni siquiera responde a las alegaciones con lo cual el expediente probablemente caduque sin solución de continuidad y teniendo que comenzarse de cero, quizá la próxima legislatura.

El concejal de Contratación apuntó que no puede dar plazos para la realización del informe por parte de la tesorera y admitió la parálisis del expediente sin que desde el Consistorio se pueda tomar ninguna medida resolutoria a pesar de que hace meses que anunció que se estaban estudiando posibles acciones contra la empresa, pasando por el precintado de los parquímetros y la rescisión del contrato. Sin embargo, el edil apuntó que una vez estudiadas todas las fórmulas con el secretario del Ayuntamiento, no han encontrado ninguna para atajar esta situación, ya que la única manera de rescindir el contrato es que la empresa se negara a pagar, pero ésta no lo rechaza pero sí está en desacuerdo con la cuantía y esta «pelota» está ahora en el tejado del Ayuntamiento que no lo sabe resolver.

Disputa por la cuantía

Mientras CLr-Claro apunta a que la deuda supera los 300.00 euros, tras examinar el informe, el Ayuntamiento se queda en 264.000 euros y la adjudicataria pide en sus alegaciones que se reduzcan en 60.000 euros. Precisamente por este perjuicio a las cuentas municipales el edil de CLr, Juan Ignacio López-Bas, presentó hace tres meses una denuncia en el juzgado por una supuesta malversación de caudales públicos que aún no se ha admitido a trámite.

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