El edil de Urbanizaciones de San Fulgencio, Jeffrey W. Wiszniewski, ha firmado una declaración jurada en la que exculpa al alcalde de la localidad, Carlos Ramírez (PP), de las supuestas irregularidades derivadas del proceso de contratación de la organización de las fiestas de agosto de 2011 y 2012 en la urbanización de La Marina. El documento ha sido aportado al juzgado que investiga el caso, al que acudirá hoy a declarar en calidad de imputado el regidor.
El documento rubricado por el concejal es una «aclaración a la denuncia» presentada por Trinidad Martínez y Andrés Mariano Martí sobre la organización de dichos festejos y que ha dado lugar a un procedimiento en el que han sido imputados tanto el edil, como la concejala de Fiestas, Conchi Castell, el regidor, y la exasesora Juani Mora.
Wiszniewski asegura en ese escrito que esas fiestas, que costaron cerca de 60.000 euros, se organizaron desde la Concejalía que él mismo dirige «sin que el alcalde participara en las contrataciones, habiéndose limitado a la convocatoria de órganos municipales encargados de proponer las referidas adjudicaciones, así como de cursar las invitaciones a los distintos licitadores, previamente indicados por el personal de la Concejalía de Urbanizaciones».
Según el concejal, tanto las «indicaciones sobre las empresas concretas que debían ser invitadas formalmente por Alcaldía, como la previa negociación con los licitadores fue llevada a cabo por el personal eventual», que trabajaba para esa Concejalía, en concreto apunta a Juani Mora y a un hermano de ésta.
Confianza
Fueron ellos «los que en todo momento participaron en la previa negociación de la contratación de las fiestas, ya que por ser el concejal de Urbanizaciones (él mismo) de nacionalidad inglesa, no conocía el idioma español y confió en todo momento en Juani Mora». Una confianza que, según prosigue «se ha visto traicionada al no haber informado a la Concejalía de todos los extremos relativos a la contratación» de dichos festejos.
En las diligencias se considera una prueba fundamental el hecho de que antes de que se produjera la adjudicación, supuestamente, los programas de fiestas ya ofrecían datos que estaban pendientes de las posteriores aprobaciones.
