La Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Alicante ha criticado que la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo) está actuando de manera negligente al vetar la presidencia de los agricultores en este organismo y tratar de modificar sus estatutos para dejar sin voto a los productores. De este modo, los representantes de la industria y del comercio -que también están integrados en esa entidad- podrían «controlar más los mercados e imponer sus condiciones», exigiendo ahora una rebaja del precio que se paga en origen por el limón, que ha arrancado la campaña al doble de precio del año anterior, alcanzando los 60 céntimos por kilo.
Las críticas de Asaja fueron ayer secundadas por la rama de esta asociación en la provincia de Alicante y en la Región de Murcia, además de por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) y por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Representantes de los tres colectivos organizaron ayer una reunión en la que concluyeron que hay que pedir al Ministerio de Agricultura y a los responsables de ese área en los gobiernos valenciano y murciano que intervengan para que «cesen de inmediato los abusos» por parte de la interprofesional Ailimpo, que está subvencionada con fondos públicos.
Ailimpo es el organismo que se encarga de reforzar aspectos como la organización y transparencia de la cadena de valor, el apoyo al sector y las labores de promoción del producto y facilitar información objetiva sobre el funcionamiento del sector del limón y el pomelo. El secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, dijo que Ailimpo está «incumpliendo la ley al impedir que haya participación paritaria» e impulsando «una modificación de unos estatutos leoninos para potenciar el servilismo hacia los intereses económicos y parciales de la industria y el comercio».
Los representantes de los agricultores critican asimismo que Ailimpo ha vetado a los agricultores en su presidencia, cuando ese cargo siempre había sido rotatorio.
Ante esta situación y el grave conflicto que se está produciendo, las tres organizaciones exigen la actuación inmediata de la administración al considerar que de modificarse los estatutos se impondrán condiciones que perjudicarán y mucho a los productores.
