La sección VII de la Audiencia ha ordenado la reapertura de la investigación del caso Vela Mata, que nació por una denuncia en la que se apuntaba una supuesta prevaricación por omisión por parte de cargos públicos, el exconcejal de Actividades, Francisco Moreno y del exalcalde y ahora diputado provincial, Eduardo Dolón, a la hora de hacer cumplir la legislación de apertura y seguridad de locales. En concreto, una discoteca en la playa de La Mata. El auto dice que en el archivo dispuesto por la jueza de Torrevieja, en enero de 2016, «existe una seria insuficiencia de justificación».
La denuncia añadía que el concejal de Actividades, además del entonces alcalde Eduardo Dolón, no adoptaron ningún tipo de medida contra el local, pese a las reiteradas denuncias vecinales ante la Policía Local y Guardia Civil en el verano de 2013 ni durante 2014. Una actividad de discoteca que no cumplía los requisitos mínimos para estar funcionando, según los informe de los técnicos municipales y de la Policía Judicial. Ni cierre cautelar, ni expediente administrativo. Ausencia de una licencia acorde con el tipo de establecimiento, problemas de aforo e insonorización interior y exterior, entre otras muchas anomalías, y que según esos informes, comprometían gravemente la seguridad del recinto.
Además de ambos cargos durante el anterior mandato municipal, en la causa aparece un inspector de la Policia Local, Manuel Vera, ya jubilado, como responsable de supervisar el cumplimiento de la legislación, y un técnico del área de Actividades, también jubilado ahora.
Indicios suficientes
La Audiencia ha estimado de esta forma un recurso presentado por el Ayuntamiento, personado en la causa solo después del cambio de gobierno en junio de 2015, y un policía local de base, el denunciante inicial en 2014, por considerar que la jueza de instrucción decretó un sobreseimiento de las actuaciones y archivo que «no estaba lo suficientemente argumentado».
La magistrada explicaba en el auto de archivo, realizado en enero de 2016 que ya se habían adoptado medidas cautelares desde el punto de vista administrativo por parte de la administración, al año de que la Guardia Civil iniciara la investigación, en las que se dispuso la clausura de la actividad; además de un procedimiento contencioso administrativo y que mantener la causa supondría «forzar los límites del derecho penal». Sin embargo, la Audiencia explica que los hechos investigados por la Guardia Civil y las medidas administrativas adoptadas después se basan en asuntos distintos. «Ante la presunta inactividad de los (cargos públicos y funcionarios en 2014) tiene que justificarse cumplidamente por la juzgadora las razones por las que entiende que tiene que archivar las actuaciones». Añade la sala que de los informes de la Guardia Civil, que se no se citan en el auto de archivo, «cuando del informe de la Policía Judicial y del expediente administrativo pueden resultar indicios para continuar la investigación».
El recurso del Ayuntamiento, ahora aceptado, alega que la supuesta prevaricación por omisión se produjo durante todo el periodo de 2014 y 2014. De hecho, las medidas que evitaron la puesta en marcha de nuevo del local, que congregaba a miles de personas en entorno de la playa de La Mata, se impulsaron con el cambio de gobierno en junio de 2015.
La discoteca, además, dio por perdida la batalla desde el punto de vista legal, decidió transformó la discoteca en un restaurante y abrió otra discoteca en el polígono industrial, tras una gran inversión para ajustarse a todos los requisitos exigidos para la puesta en marcha de un local de gran aforo con el interior insonorizado.
Según aparece en los informes de la Guardia Civil, el anterior gobierno municipal, no actuó cuando recibió la primera denuncia de la Guardia Civil el 11 de agosto de 2014, a instancias de las llamadas de los vecinos de la urbanización Molino Blanco. En ellas se indicaba las que el recinto superaba el aforo máximo permitido; funcionaba como discoteca con las puertas abiertas al exterior; incumplía las medidas de evacuación; se habían modificado las condiciones de los locales a los que se había dado licencia y se usaban sistemas de audio que no estaban autorizados.
El 19 agosto de 2014, el que insistió en las mismas deficiencias fue un funcionario del área de Actividades, que tampoco recibió, siempre según las diligencias de investigación, respuesta alguna por parte de su superior directo, en concreto el exconcejal de Actividades, Francisco Moreno, y el entonces alcalde Eduardo Dolón.
Ambos, además del inspector y el técnico fueron citados a declarar ante la Guardia Civil. En el caso de Dolón, que ayer no quiso pronunciarse sobre esta reapertura, la Unidad de la Policía Judicial argumentaba su citación a declarar con abogado en que «era conocedor de las diversas denuncias que le remitían directamente por ciudadanos al Ayuntamiento y no hacía nada al respecto (...) así como la expedición del cambio de titularidad de la actividad -la discoteca abrió solo con ese cambio de titularidad en el verano de 2013 cuando el local llevaba cerrado años-, cuando en realidad debería haber realizado el trámite para una nueva licencia de apertura del establecimiento».
