El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas lo va a volver a intentar. Después de que el Tribunal Supremo anulara en diciembre de 2015 el Plan General (PGOU) por carecer de evaluación ambiental y gobierno quiere adjudicar la redacción de otro este año. El planeamiento urbanístico local se rige por normas subsidiarias de hace más de 20 años. El gobierno local de este municipio (7.000 vecinos) en segunda línea de playa en la Vega Baja, y que todavía quiere enfocar su economía en el turismo residencial, va ahora con pies de plomo, y con unas expectativas de crecimiento mucho más limitadas: las primeras estimaciones hablan de limitar las reclasificaciones a medio millón de metros cuadrados.
El anterior PGOU, aprobado en 2008, con un trámite previo de casi 15 años, y que nunca estuvo vigente al estar pendiente del procedimiento judicial que finalmente lo tumbó,contemplaba «liberar»10, 5 millones de metros cuadros -tres como urbanos y otros 7 bajo la confusa figura de «no urbanizables con vocación urbanística». Todos con capacidad para 40.000 nuevas viviendas. Fue un referente en su día de lo que no debe hacerse en urbanismo. Extrapolando esos datos, el nuevo planeamiento contemplaría reclasificar el 16% de lo previsto en 2008, el 4% si se cuantifica el de esa figura de no urbanizable con «vocación urbanística».
Parte de los constructores de la comarca se quedaron «colgados» con terrenos aprobados como urbanos. Situación que no parece que vaya a cambiar. En las primeras reuniones para consensuar una nuevo plan el propio gobierno del PP, que gestiona con el respaldo de dos ediles de UPyD, ya ha rebajado cualquier expectativa de reclasificación a poco más de 50 hectáreas. Lo ha mantenido en varias reuniones realizadas con los grupos de la oposición del PSOE e Izquierda Unida,.
Sin informar
Estos dos grupos, críticos con la gestión urbanística municipal, paradójicamente, no han llegado a desvelar que se habían iniciado estas conversaciones. La partida para adjudicar la redacción del Plan General está contemplada en el presupuestode este año.
La limitación de crecimiento a «solo» medio millón de metros es una estimación del municipio al comprobar cómo se aplicaría en San Miguel el riguroso criterio de la Estrategia Territorial de la Generalitat (ETCV). Una fórmula recogida en un decreto de 2011 en la que se calcula cuánto puede crecer un municipio en función del suelo que ya tiene consolidado, el que falta por urbanizar -en el caso de San Miguel, por ejemplo, con el plan de Los Invernaderos, con capacidad para 1.700 casas y sin iniciarse- y el número de habitantes del municipio, entre otras variables.
Sergio Correas, concejal de Urbanismo, explicó que la voluntad municipal es desarrollar el nuevo suelo urbano que permita la legislación como prolongación del actual casco urbano. Algo que también tiene muy en cuenta la actual legislación urbanística valenciana, que penaliza los desarrollos de urbanizaciones aisladas por el consumo de recursos y servicios que supone. Y es que ese el «modelo», que por otra parte, se ha impuesto en San Miguel durante muchos años, con una docena de residenciales alejados del pueblo.
