Donde dije digo, digo Diego. El presidente del Consorcio de Residuos de la Vega Baja, Manuel Pineda (PSOE), admitió ayer que sí se reunió con representantes de Cespa-Ferrovial para conocer el proyecto de esta empresa para habilitar una planta de transferencia de basuras en Orihuela. El socialista reconoció que la mercantil le hizo llegar posteriormente los datos y él los desveló en una comparecencia con el consentimiento de la firma. Pineda confesó que faltó a la verdad cuando dijo que no sabía quién le había dejado esos documentos en su despacho y que él simplemente los hizo públicos «en aras a la transparencia». Aún así, defendió que «no ha hecho nada que sea ilegal» y señaló que si se está tramitando una instalación de esas características mediante una iniciativa privada fue porque el Ayuntamiento de Orihuela lo pidió. «No soy un chorizo y no voy a dimitir», enfatizó el también diputado del PSPV-PSOE.
La gestión de Pineda al frente del Consorcio ha estado en el punto de mira durante la última semana tras conocerse que los datos que desveló sobre esa planta de basuras no le habían llegado por cauce oficial. Y eso es así porque la empresa los presentó en un sobre cerrado y lacrado que todavía no ha sido abierto por los técnicos. Esa situación motivó críticas del Partido Popular y de Ciudadanos, que lo acusaron de estar negociando con la mercantil de forma extraoficial y pidieron su dimisión.
Manuel Pineda le dio ayer la vuelta a la situación y dijo que él «desconoce qué datos contienen los sobres lacrados» que se presentaron en la Diputación, si bien «parece que algunos responsables políticos de esta comarca ya deben conocer su contenido», pues «aseguran que la información que yo ofrecí es la misma que hay en el proyecto confidencial de la iniciativa presentada». Sobre ese asunto, apuntó directamente a los alcaldes de Redován y Benejúzar, Emilio Fernández y Antonio Bernabé, que fueron quienes anunciaron que llevarían todo ese asunto a la Fiscalía. «Yo no conozco datos confidenciales, pero todo indica que esos alcaldes sí los manejan bien».
El socialista restó importancia a las reuniones que mantiene con empresarios con motivo de su cargo y apuntó que se ha visto con representantes de compañías vinculadas al mundo de los residuos «por indicación y a instancias de altos responsables del PP en la provincia, que han considerado que esas conversaciones eran buenas para resolver el problema de la Vega Baja».
«Más cómodos»
De igual forma, trasladó que si desde el Consorcio se ha permitido dar cabida a la iniciativa privada para habilitar esa estación de transferencia fue porque el PP le dijo que con esa fórmula se sentiría «más cómodo» que si se sacaba adelante mediante la empresa pública Vaersa. Aunque no quiso dar nombres, el socialista señaló que en el Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por PP y Cs, «tenían interés» en que se presentara un proyecto de ese tipo en el caso de que el municipio tuviera que acoger una. Deslizó que en ese consistorio estaban al tanto del proyecto porque «es difícil que la planta salga adelante si no cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento».
El también alcalde de Rafal consideró que no vulneró la legalidad al desvelar esos datos porque en estos momentos no se ha puesto en marcha un concurso público para sacar a licitación la planta. Lo que sí tiene claro ahora es que no se podrá adjudicar la instalación de forma directa porque lo impide la ley de contratación pública.
«Ser transparente no es motivo de dimisión, la gentuza no cabe en este proyecto. Me honra decirles que no soy un chorizo como sí ha probado la justicia que lo son muchos de sus jefes», sentenció Pineda en relación al PP.
