La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha admitido todas las pruebas propuestas por acusaciones y defensas en la causa que dio origen al 'caso Brugal', relativa a la adjudicación del contrato para recogida de residuos en Orihuela, según informa la agencia EFE.
Así se establece en un auto fechado emitido el pasado jueves, donde también se emplaza a los abogados a una reunión el próximo miércoles "para establecer el calendario de las futuras vistas". En el banquillo de los acusados se sentarán 34 personas, de las que 15 han tenido o tienen en la actualidad la condición de autoridad o funcionarios públicos, como los exalcaldes oriolanos José Manuel Medina y Mónica Lorente, ambos del PP, y siete exediles de la corporación.
El principal implicado es el empresario Ángel Fenoll, para el que la Fiscalía Anticorrupción reclama penas que suman 37 años y 8 meses en el escrito de acusación provisional que presentó en mayo del pasado año. Los 34 procesados son sospechosos -bien como autores bien como cooperadores o cómplices- de delitos de prevaricación, fraude, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, revelación de secretos y de información privilegiada, delito electoral, asociación ilícita, extorsión e intento de coacciones.
La investigación se inició en 2006 y se centró al principio en la adjudicación del contrato de recogida y tratamiento de residuos de la ciudad, aunque se desgajó con posterioridad en una veintena de piezas separadas bajo la denominación genérica de 'Operación Brugal'.
Entre esas otras diligencias destacan la investigación del plan zonal de residuos de la Vega Baja -por la que deberán ser juzgados, entre otros, el expresidente de la Diputación y del PP de Alicante José Joaquín Ripoll- y la que investiga una presunta trama de corrupción en torno al urbanismo de la capital de la provincia.
En esta última ya han sido procesados y están pendientes del correspondiente escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción el empresario Enrique Ortiz y los exalcaldes populares de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, entre otros.
En el caso de la contrata municipal de basuras de Orihuela, el ministerio público sostiene que Fenoll y su entorno conformaron una trama mafiosa que extorsionó a cargos públicos con la amenaza de revelar grabaciones con información relevante para "doblegar su voluntad".
Además, el empresario oriolano habría pagado presuntamente sobornos a otros políticos para seguir monopolizando la recogida de basuras en la comarca o financiado "fuera de los cauces legales" al PP y al Partido Socialdemocráta.
Los 81 tomos de los que se compone esta causa llegaron a la sección séptima de la Audiencia el pasado mes para la celebración del correspondiente juicio.
En su auto del pasado jueves, los magistrados admiten las pruebas propuestas por las partes, las emplazan a una reunión para fijar las fechas de las distintas sesiones e informan a los acusados de la posibilidad legal de alcanzar un acuerdo con la fiscalía.
