La configuración de los residenciales, aprovechando al máximo toda la superficie disponible para intentar sacar más edificabilidad al suelo, no ayuda a la hora de delimitar qué es público o privado. Además del ejemplo de Lago Jardín, hay innumerables decisiones irregulares tomadas por los vecinos en urbanizaciones como Racojuna I y II, Las Barcas, Rocío del Mar, San Luis, El Chaparral o Los Altos del Limonar, por citar algunas, en las que se han acotado zonas verdes, y cerrado viales, sin criterio: una calle pública puede estar acotada con rejas de apertura automática y la paralela, idéntica, estar abierta. Incluso en alguna de ellas hay zonas públicas con alumbrado privado, enganchadas a la red general. Algo que también ocurre en Torreta II y III. En los últimos años, el Ayuntamiento sí ha actuado contra irregularidades flagrantes: como la decisión de una comunidad, la de Molino Blanco, de impedir el paso de coches a calles públicas con un vallado automático controlado con tarjeta de acceso.
La actualización del inventario de patrimonio realizada por la secretaria general, permitió, por ejemplo recuperar la vía principal de la zona verde de Parque de las Naciones, de miles de metros cuadrados, antes cerrada y usada como aparcamiento. Estos problemas son un quebradero de cabeza para la gestión de los administradores de fincas que deben lidiar con las reclamaciones vecinales de contar con más servicios y la falta de recursos del Ayuntamiento.
