El portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Callosa de Segura, Manuel Illán, ha sido citado a declarar como investigado (imputado) en la causa abierta por la adjudicación de un contrato de 90.000 euros para disponer una línea wifi en el municipio. Ocurrió en el año 2010 y el trabajo se le encargó a una empresa que estaba participada por el hermano del entonces regidor, Javier Pérez. La Fiscalía Anticorrupción presentó hace unos meses una denuncia por estos hechos al encontrar indicios de delitos de prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. La investigación sigue su curso en el juzgado de instrucción Número Tres de Orihuela y la magistrada que instruye la causa ha decidido ahora interrogar a Illán, que tendrá que acudir con abogado en abril.
La notificación ha pillado por sorpresa al concejal, quien también preside el PP en la localidad. El popular trasladó ayer a este diario que él formó parte de la mesa de contratación mediante la cual se tramitó el citado contrato, si bien defendió que en dicho órgano «sólo se abren las ofertas para comprobar que administrativamente están bien y los técnicos hacen sus informes». El edil esgrimió que la decisión última de la adjudicación se tomó en Junta de gobierno local, y aseguró que él no pertenecía a ese órgano. Illán declinó hacer más declaraciones a este respecto porque «no sabe de qué se le acusa» ni ha tenido acceso todavía a toda la documentación que obra en la causa, si bien dijo que en cuanto pueda dará explicaciones detalladas.
La citación de Illán como investigado llega después de que hace pocas semanas acudieran al juzgado para prestar declaración el exregidor Pérez y también el exconcejal Paco Rodríguez, que era el presidente de la mesa de contratación. Ambos fueron interrogados igualmente en calidad de investigados y, tras dar sus explicaciones, se ha citado ahora a Illán.
Vía de urgencia
El polémico contrato para instalar una red wifi en el municipio fue tramitado mediante un procedimiento negociado sin publicidad y por vía de urgencia. Para ello se seleccionó a cuatro empresas. Fue el propio Pérez quien cursó la invitación para que tomara parte en el procedimiento la empresa participada por su hermano, Análisis y Control de Redes privadas SL, quien presentó supuestamente la oferta más ventajosa en base al dictamen de los técnicos.
La jueza que está al frente del caso ha puesto en duda el hecho de que la mercantil vinculada al familiar de Pérez fuera la mejor valorada y ha encargado un informe pericial para examinar por qué se tomó esa decisión. El perito designado ha redactado un informe que cuestiona todo el proceso hasta el punto que sostiene que la citada empresa no sólo no debió ser la mejor valorada, sino que a su juicio era la menos capacitada para poner en marcha la red de internet.
Plazos de ejecución
La jugada del Ayuntamiento que motivó que el hermano del exregidor se hiciera con el jugoso contrato de 90.000 euros fue la siguiente. En el pliego de condiciones se fijó que el plazo de ejecución de la infraestructura para poner en marcha la línea estaba estimado en 5 meses. Así, se otorgaría mayor o menor puntuación a las cuatro empresas en función del tiempo en el que estuvieran dispuestas a habilitar la re. Las mercantiles Neomedia y Elecnor se comprometieron a hacerlo en un mes y medio, mientras que Fomento de Protección y Seguridad en 1,8 meses. Fue Análisis y Control de Redes privadas SL la que aseguró necesitar más tiempo para instalar los dispositivos, hasta un total de tres meses y medio.
El perito destaca que lo que hizo entonces el Ayuntamiento fue aplicar un condicionante que no figuraba en los pliegos: no se puntuarían las ofertas de empresas que ofrecieran ejecutar la red wifi en menos de dos meses y medio por ser propuestas no creíbles. Con esa decisión, se quedaron fuera tres de las cuatro empresas y el contrato fue a parar a la del familiar del exalcalde.
Sin embargo, el perito afirma que las reducciones de plazo propuestas por esas tres empresas eran perfectamente «viables y justificables» dado que en los proyectos presentados se explicaba cómo se haría todo el proceso. «No es a priori descalificable una propuesta técnica que presente importantes reducciones en el plazo de ejecución siempre y cuando la tipología el proyecto lo permita». Dice además que las tres mercantiles que fueron descartadas «son empresas solventes, reconocidas, con experiencia en proyectos similares» y es «altamente improbable que el 75% de las ofertas cometan el mismo y significativo error de cálculo».
