El exconcejal de Contratación de Orihuela David Costa (expulsado del PP) está más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados por la adjudicación de la redacción del proyecto para las obras de la primera fase de la Ciudad Deportiva. El juzgado de instrucción Número 1 de Orihuela ha iniciado la fase de procedimiento abreviado al encontrar indicios suficientes de que pudo cometer presuntos delitos de prevaricación y fraude en la contratación. Ahora será el Ministerio Fiscal y la acusación particular los que tendrán que solicitar la apertura de juicio oral o el archivo de la causa.

El auto de procesamiento de Costa sostiene que éste impulsó la contratación del proyecto mediante un procedimiento negociado con publicidad mientras que los terrenos previstos para el polideportivo eran inviables. Ocurrió en 2010, cuando el entonces edil invitó a participar a tres empresas, siendo una de ellas Inpromón SL, la que se hizo con la adjudicación. Pues bien, la jueza sospecha que todo fue un montaje y que Costa y el administrador de esa mercantil concertaron previamente esa adjudicación. Para ello se «simuló» la intervención de otros licitadores con los que ese empresario, también procesado, tenía relaciones comerciales. De hecho, los tres empresarios formaban parte de los órganos de administración de otra mercantil.

Además de eso, la magistrada considera que esa adjudicación nunca se debió de hacer debido a que existían informes en contra que lo impedían. Por un lado los que indicaban que esos terrenos no habían sido todavía convertidos de suelo no urbanizable a parcela para equipamiento deportivo. La arquitecta municipal le advirtió claramente al edil que no podía seguir adelante con la adjudicación hasta aprobar dicha modificación, pero éste hizo caso omiso.

La Confederación Hidrográfica del Segura también había alertado del riesgo de inundabilidad de tales terrenos. A pesar de ello, Contratación siguió con el procedimiento y adjudicó la redacción del proyecto, procediendo a la firma del contrato y al pago de los 94.000 euros una vez que la empresa presentó la correspondiente factura. Finalmente la Generalitat desestimó aprobar el plan urbanístico para este sector y el proyecto nunca se ejecutó, aunque sí se causó «un quebranto a las arcas del municipio». Fue el PSOE quien registró una denuncia por estos hechos.