El Ministerio de Hacienda ha conseguido meter en cintura a la mayoría de ayuntamientos de la Vega Baja. Desde la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en 2012, casi todas las administraciones locales han reducido el tiempo que tardan en pagar sus facturas a los proveedores. La normativa les obliga a saldar sus deudas en un periodo de 30 días, si bien hay todavía seis consistorios que no han conseguido ponerse al día. Para el departamento que ha dirigido Cristóbal Montoro, Daya Vieja sigue siendo el municipio más moroso de la comarca, seguido de Albatera y San Isidro, que se demoran 154, 118 y 50 días, respectivamente, según los datos relativos al primer trimestre del año.
Los municipios incumplidores podrían ser sancionados con multas económicas o aplicando retenciones a los tributos que reciben del Estado, si bien eso es algo que no ha llegado a aplicarse a ningún municipio de la Vega hasta ahora, o al menos no ha trascendido. Los otros tres municipios incumplidores son Daya Nueva (43 días); Algorfa (40 días) y Callosa de Segura (37 días). Bigastro, que no aparece en los datos del Ministerio, tampoco cumple. Todavía no ha remitido los datos del primer trimestre del año al Ministerio, pero la regidora, Teresa Belmonte (PP), trasladó que en los últimos tres meses del 2017 tuvo una media de pago de 55,5 días.
Los datos revelan casos especialmente significativos para bien y para mal. En el caso de Daya Vieja, gobernado por Rafa Vives (PP), el periodo medio de pago se ha incrementado en el último año, pasando de 122 días a 154. También hay ejemplos de consistorios que ahora pagan con más celeridad que hace un año, como por ejemplo Callosa, que baja de 195 días a 37, o Benijófar, que ha pasado de 226 días a 11 días. Haciendo una comparación con los mismos datos del año anterior, han salido de la lista negra de la morosidad Benijófar, Orihuela, Torrevieja, Rafal, San Miguel de Salinas, Granja de Rocamora y Pilar de la Horadada.
Datos maquillados
Hasta marzo los plazos se calculaban de la siguiente manera. Los ayuntamientos tenían un mes para dar la conformidad a una factura y, a partir de entonces, comenzaba el plazo de 30 días para abonarla, que es el que cuenta para el Ministerio. Sin embargo, la normativa se ha endurecido ahora y el plazo comenzará a contar desde que llega la factura al consistorio, por lo que se suprime ese periodo de gracia de 30 días adicionales. Esto se ha hecho así porque Bruselas ha obligado a adaptarse a la normativa europea, suprimiendo ese colchón extra de un mes al considerar que se maquillaban los datos reales de morosidad.
En el polo opuesto se encuentran los municipios que más rápido pagan. Según Hacienda, el Ayuntamiento de Dolores es el mejor posicionado. Dirigido por Joaquín Hernández (PSOE), abona sus facturas en una media de 20 días desde que se registran, es decir, que ni siquiera utiliza los 30 días adicionales que ha venido permitiendo la legislación para afrontarlas. Lo mismo sucede en Jacarilla, Benejúzar y Cox.
Según el informe de Hacienda, durante el primer trimestre del año también cumplieron con sus obligaciones Orihuela, Torrevieja, Benferri, Almoradí, Benijófar, Catral, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Redován, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Pilar de la Horadada y Los Montesinos.
