El Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa que investigaba las presuntas irregularidades de la contrata de la gestión del agua en Orihuela. El juzgado ha decretado el archivo provisional de las investigaciones por los posibles delitos contra la administración pública en el marco de la gestión del agua en el municipio, que se iniciaron a raíz de una denuncia de Cambiemos Orihuela, partido que está en la oposición en la localidad, y que ayer anunció el sobreseimiento.

Los ediles de Cambiemos Orihuela, Carlos Bernabé y Javier Gracia, presentaron un escrito ante la Fiscalía a finales de 2017 denunciando lo que consideraban irregularidades en las prórrogas a la actual concesionaria del servicio de gestión del agua en la ciudad. Posteriormente, el juzgado declaró como «compleja» la causa para prorrogar la instrucción por su dificultad técnica. Finalmente, al no haberse dado la declaración de ningún sujeto como investigado y no habiéndose dirigido el procedimiento contra persona alguna, el juzgado ha decretado su sobreseimiento provisional.

Cambiemos recordó ayer que el pasado mes de diciembre un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat dio por extinguido el contrato de concesión del servicio municipal de abastecimiento de agua potable en Orihuela desde el 11 de noviembre de 2008, cuando terminó su plazo de vigencia de veinte años, al firmarse en 1988. El órgano consideraba como nulas las dos prórrogas que el Ayuntamiento de Orihuela le dio a la concesionaria en 2001 (hasta 2018) y, tres años después, en 2004, hasta 2038. «Este informe no habría sido posible sin la denuncia ante Fiscalía dado que el gobierno de PP-Cs bloquearon la posibilidad de solicitarlo por la vía institucional ordinaria», dijo la formación ayer en un comunicado.

Desde Cambiemos resaltaron que el archivo es provisional y «no se puede descartar volver a la vía penal en caso de que el gobierno de Orihuela obstaculice las consecuencias derivadas de la ilegalidad de las prórrogas o de que en las próximas semanas obtengamos nuevas informaciones» y pidieron la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al considerar que impone plazos estrictos que dificultan y acortan el tiempo de la investigación en causas complejas como esa.