El Ayuntamiento de Torrevieja ha cubierto la plaza de interventora que quedó vacante a finales de junio. Cristina Serrano Mateo será la habilitada que asume el cargo este lunes de forma provisional durante un año en comisión de servicios prorrogable a otro año más, desde la plaza que ocupaba en el Ayuntamiento de Llíria (València).
La funcionaria, natural de Callosa de Segura, cuenta con una dilatada trayectoria como alto cargo durante los gobiernos del Partido Popular en la Generalitat. Fue secretaria general de la Conselleria de Economía y Hacienda de 1997 a 1998; subdirectora del gabinete del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana de 1998 a 1999, subsecretaria de Medio Ambiente con Juan Cotino de conseller y secretaria autonómica de Territorio con Rafael Blasco. Su gestión tanto como alto cargo como funcionaria no ha estado exenta de polémica. En 2011 se desvelaron gastos que había cargado en ejercicios anteriores al erario, cuestionados tanto por su abultada cuantía, como por los conceptos por los que se justificaron: estancias en hoteles, adornos florales, comidas o gastos en taxi. Desde 2011 ha alternado funciones como cargo de confianza en ayuntamientos y como habilitada tesorera en Orihuela -durante un breve periodo en 2014- y de la provincia de València, como Algemesí (2017-2019) -donde fue expedientada por supuesto absentismo laboral- o Llíria.
Serrano llega al Ayuntamiento de Torrevieja en el que el director general de Economía, Juan Carlos Carmona estaba ejerciendo como interventor accidental después de que quien había asumido la plaza durante un año, Jesús López, dejara el cargo para aceptar dos semanas después el puesto de director de la asesoría jurídica en el mismo Ayuntamiento. Y días después de que el director general de Urbanismo, Víctor Costa, uno de los pilares del nuevo organigrama municipal impulsado por Eduardo Dolón (PP) presentara su dimisión irrevocable. Deberá informar sobre las alegaciones al presupuesto de 2020 que se ha expuesto al público por segunda vez por orden judicial. E incorporarse a la mesa de contratación que tiene que decidir la adjudicación de la nueva contrata de recogida de basura de Torrevieja con un precio de licitación máximo de 466 millones de euros y que no avanza desde el 22 de junio.
