La familia propietaria de una vivienda de 200 años de antigüedad en Orihuela Costa, conocida como Casa Langostina, ha tramitado la solicitud de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de su propiedad para que su finca no se vea afectada por la construcción de viviendas turísticas -que, por otra parte, consideran que usurpan terreno de su propia finca-. La familia Wesenauer solicita que esta tramitación se lleve a cabo con carácter de «urgencia» porque se han iniciado, como recogió INFORMACIÓN, «actuaciones materiales en el entorno del inmueble que ponen en riesgo y afectan a su integridad física y con ello el valor que sustenta y avala la catalogación de interés cultural o relevancia local del bien, cuya protección se solicita».
Confinados
Los propietarios, que están confinados y bloqueados en India sin poder regresar a España desde marzo por la crisis sanitaria, han adjuntado a la petición un informe patrimonial elaborado por el arqueólogo Eduardo López Seguí y al del geólogo Miguel Ángel Rodríguez García. El primero realiza una exhaustiva descripción de los valores patrimoniales que merecen ser conservados en una casa única, como vestigio de la tradición agrícola de secano en Orihuela Costa -desaparecida para siempre del litoral en el último medio siglo-. El segundo hace constar los daños que las obras anexas han provocado en la estabilidad de la Casa Langostina. Los Wesenauer, de origen austriaco, pelean desde hace dos décadas por conservar la integridad de la finca que compraron a mediados de los 90.
Abusos urbanísticos
El Ayuntamiento de Orihuela desoyó sus recursos cuando fueron incluidos de forma irregular por los técnicos del área de Urbanismo en el plan parcial La Cuerda- PAU 25, pese a pertenecer, como vivienda consolidada y suelo urbano, al ámbito del plan de Lomas de Don Juan desde 1976. La derogada LRAU hizo el resto al «coger», sin el acuerdo de los propietarios, la mitad de su finca, para responder por los costes de urbanización -viales y zonas verdes- y construir varias viviendas turísticas. El caso de los Wesenauer fue uno de los que muchos que documentaron ante la Unión Europea los abusos urbanísticos y que precipitaron la derogación de algunas leyes durante el boom inmobiliario.
Juzgados
Por otra parte, el juzgado de Instrucción 2 de Orihuela ha llamado a declarar como investigado al promotor que inició las obras de construcción de viviendas turísticas -intentando ocupar parte de la finca original de la Casa Langostina- esgrimiendo una sentencia que le otorga el título de propiedad del suelo urbanizable pero sin contar con la resolución de ejecución de ese fallo.
Seguridad privada
La familia llegó a contratar presencia de vigilancia privada constante en la finca para evitar esas obras sin poder impedirlo por lo que finalmente denunciaron los hechos ante la Guardia Civil. El vallado que dividía la finca ha sido retirado y la entrada abierta por el constructor para el acceso de maquinaria ha sido cerrado después de la denuncia. Durante los días que se prolongaron las obras se talaron árboles y se dañaron elementos del jardín anexo a la casa.
Los Wesenauer indican desde India que la sentencia -que carece de resolución de ejecución- no va a hacer que cambien de opinión sobre lo que hizo en su día el Ayuntamiento de Orihuela y los promotores con su finca: "Un robo". Y van a agotar todas las posibilidades para evitar el "robo" en España y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si es necesario. La protección de la vivienda, que suma valores para ser preservada desde el punto de vista patrimonial, es uno de los pasos que han dado para evitar la construcción y la degradación de la finca.
