Un informe del Observatorio para la Sostenibilidad en España, organismo independiente que estuvo adscrito en su día al Ministerio para la Transición Ecológica, sitúa a cuatro municipios alicantinos (Calp, Altea, Torrevieja y Orihuela) en la lista de los 50 más urbanizados de España en sus primeros 500 metros de costa y, por lo tanto, más expuestos a los temporales que se verán agravados por el cambio climático. Aumento del nivel del mar, cambios de corrientes, vientos, mareas, retroceso de la arena de las playas, que hacen que las construcciones de la primera línea del mar presenten un riesgo muy elevado, según el estudio.
La Costa del Sol, la Costa Blanca y el sur de Valencia son las zonas más amenazadas de España, con cerca del 40% de su franja costera urbanizada. El informe destaca la «chaletización» de la costa de Orihuela, donde el 100% de la superficie residencial está ocupada por viviendas unifamiliares. También subraya que Altea, por ejemplo, figura en un listado de los ocho municipios costeros que no tienen un gran parque público. El 70% de los municipios costeros españoles más urbanizados están en la franja mediterránea.
La superficie construida en los primeros 500 metros de la costa española (625 km2) supera la superficie total del municipio de Madrid (605 km2)
Buena parte de la Vega Baja ocupa una llanura aluvial con muy alto riesgo de inundación. Apenas hay pendiente, por lo que las aguas de avenida lo inundan todo rápidamente. Además, la red de infraestructuras hidráulicas y viarias contribuyen a extender la inundación a decenas de kilómetros del cauce del río y dificultan el drenaje posterior.
Según los expertos, ahora mismo hay dos grandes procesos que se encuentran en colisión en la costa española. Por una parte, el desarrollo del complejo industrial turístico-residencial, que determinó el desarrollo de auténticas ciudades costeras en territorios antaño rurales, llegando hasta la primera franja de costa en los primeros 500 metros. Por otra parte, el proceso del calentamiento global, que aumenta la frecuencia e intensidad de los temporales.
La Conselleria de Vertebración del Territorio dio un paso importante para la protección, hace tres años, con la aprobación del Plan de Protección del Litoral que blindó muchos municipios costeros. Finalmente, el Consell liberó casi trece mil hectáreas de suelo en el área sensible de mil metros entre la orilla del mar y el interior. En la provincia de Alicante quedan disponibles 12.275 hectáreas de suelo (urbanizable y común) para ser desarrolladas en los planeamientos municipales, lo que, según los técnicos, podría suponer la construcción de unas 350.000 viviendas para cubrir la demanda en 70 años, a una media de 5.000 por año. Las zonas de protección y conservación total del Pativel en Alicante suponen 2.913 hectáreas. El plan blindó 34.000 m2 de suelo listo para construir en la costa.
Jorge Olcina, experto en clima y presidente del Colegio Español de Geógrafos, advierte de que «se trata de municipios que han experimentado una intensa transformación urbana en los últimos 30 años, y, en ocasiones, no se tuvo en cuenta el comportamiento extremo del clima, que es un rasgo inherente a la región mediterránea. Hay que tener en cuenta, además, que este riesgo se va a incrementar en las próximas décadas debido al aumento de fenómenos extremos que señalan todos los modelos de cambio climático para el Mediterráneo». Tras analizar el informe, el catedrático de Análisis Geográfico Regional, subraya que es urgente modificar la Ley de Costas de 2013 para reconsiderar la prórroga de las concesiones en dominio público. «Esto es lo que defiende el informe, pero existen otras posibles soluciones. Un sistema que penalice la mayor o menor exposición al riesgo. Esto es válido para los temporales en la costa y para las inundaciones. De manera que el Estado no tenga que gastar dinero del erario público para pagar los daños que causan los temporales».
La prevalencia de la "chaletización" ribereña alcanza máximos en Orihuela, donde el 100% de la superficie residencial está ocupada por chalets y viviendas unifamiliares, según los autores del informe
Otra medida sería, según Olcina, llegar a acuerdos con propietarios para canjear suelo, trasladar viviendas y despejar la primera línea de costa ocupada. «Y si todo esto no resulta, no queda más remedio que acudir a la obra de ingeniería para contener los oleajes. No se conciben ya planes urbanísticos sin informes de riesgo y mapas que señalen las zonas que no se pueden ocupar. Y estos informes deben estar realizados por especialistas», concluyó Olcina.
