El Ayuntamiento de Orihuela cederá entre tres y cinco parcelas adyacentes al Palacio de Justicia para que la Conselleria de Justicia pueda ampliar la sede judicial como tiene previsto. La conselleria ya ha decidido las parcelas que necesita anexionar al edificio principal para ampliar entre 2.000 y 2.500 metros cuadrados el edificio principal, de 4.900 metros cuadrados que se ha quedado pequeño. Tres de las cinco parcelas son necesarias para esa ampliación, pero la intención de la conselleria es contar con otras dos más para dotar al Palacio de Justicia con una puerta trasera. La consellera, Gabriela Bravo, pidió ayer al alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, con quien se reunió en el Ayuntamiento, «máxima prioridad y agilización» en el procedimiento de adquisición y cesión de esos solares a la Generalitat.
El regidor oriolano explicó que dos de las tres parcelas colindantes a los juzgados ya son de titularidad municipal y sobre la tercera, imprescindible para la ampliación, «hay buena disposición de los propietarios para llegar a un acuerdo». Bascuñana señaló que la intención del consistorio, no obstante, es adquirir también los otros dos terrenos que, aunque condicionan menos la operación, permitirían contar con dos entradas a la sede judicial y permitirían contar con un espacio de reserva suficiente para la ampliación de juzgados en un futuro. «Sobre esas dos parcelas también hay buena sintonía con los propietarios», señaló el regidor, quien indicó que espera que el Ayuntamiento adquiera los solares que restan mediante un acuerdo de compraventa, por el precio que han estipulado los técnicos, y no tener que llegar a la expropiación «que nos retrasaría más el tema, aunque el final para los propietarios sería prácticamente el mismo porque estamos hablando de unas valoraciones ya tasadas», explicó.
Bravo y Bascuñana se reunieron solo dos meses después de la última visita de la consellera de justicia, cuando se firmó el convenio por el que la Generalitat adquirió el edificio del Palacio de Justicia por 4,7 millones de euros y resolvió así un problema enquistado desde el año 2005. En el acuerdo por el que se regularizó la situación patrimonial de la sede judicial, el Consell cedió al Ayuntamiento dos inmuebles en desuso para que fueran destinados a actividades formativas. A cambio, según el convenio, el consistorio cedería a la Generalitat dos solares de su propiedad colindantes al Palacio de Justicia y compraría, además, otras tres parcelas pertenecientes a particulares o, al menos una de ellas (de 195 metros cuadrados), que es necesaria para la conexión de la sede principal de los juzgados con los terrenos de la futura ampliación.
En la reunión, que fue muy cordial, «se han definido las necesidades de la Conselleria para la ampliación de los juzgados», explicó Gabriela Bravo, quien añadió que la intención de la conselleria que dirige es licitar los trabajos de ampliación en la primavera de 2022 pero, para ello, el Ayuntamiento debe adquirir y ceder las parcelas necesarias en el primer semestre de 2021 «porque queremos que las obras puedan iniciarse en esta legislatura».
De esta forma, la capital de la Vega Baja y los 21 municipios que alberga su partido judicial contarán con una sede única de más de 7.000 metros cuadrados. Actualmente, los órganos judiciales de Orihuela están repartidos en dos locales: el principal de 4.915 metros cuadrados de la plaza de Santa Lucía y otro más en la calle Nova. Estos espacios son insuficientes para integrar las instalaciones de los doce órganos judiciales, así como la Oficina para la Asistencia a las Víctimas del Delito, la Unidad de Valoración Integral Forense, la cámara Gessell y dependencias apropiadas para los colegios de Abogados y Procuradores de Orihuela. Bravo concluyó que, así, «se acabará con la dispersión de órganos judiciales y se sumará confort, seguridad para las víctimas y usuarios y, en definitiva, un edificio acorde a las necesidades de Orihuela».
La Conselleria de Justicia, además, tiene previsto invertir 580.000 euros el próximo año en un proyecto de eficiencia energética para cambiar los equipos de climatización y de iluminación del Palacio de Justicia. Esta iniciativa se suma a las obras de reparación de los daños causados por la DANA de 2019 en el edificio y que provocó filtraciones por humedad en el sótano, fachada y terrazas, cuya reparación costó 560.000 euros.
