La Plataforma de Asociaciones de Padres y Madres de la Vega Baja (Ampas Vega Baja) ha exigido a la Conselleria de Educación, al presidente Ximo Puig y al conseller Marzà la "paralización inmediata" del proceso de aprobación de proyectos lingüísticos en los centros de secundaria de la comarca "dada la situación de extrema gravedad por la que estamos atravesando y que ha motivado la toma de decisiones que restringen severamente la libertad de movimientos de los ciudadanos". El colectivo de padres reclama a Marzà que actúe "tal y como ya hizo el pasado año, atendiendo a la situación de excepcionalidad que atravesamos". La Conselleria de Educación suspendió la aplicación de estos planes en marzo pasado, tras suspender la actividad lectiva presencial durante la primera hora de la pandemia. En el centro de esta reclamación está el rechazo la implantación de un mínimo de 25% de horas lectivas en valenciano en las aulas de secundaria en una comarca castellanoparlante.
Esta Plataforma de Ampas entiende que, en las actuales circunstancias, "ni las familias podemos ser informadas por los respectivos centros sobre las cambios que la nueva legislación introduce en el sistema educativo; ni hay posibilidad efectiva de que podamos participar a través de los consejos escolares en la discusión y votación de un proyecto lingüístico que marcará decisivamente la formación académica de nuestros hijos, tal y como recogen los artículos 12, 16 y 23 de la Ley 4/2018".
Los proyectos de plurilingüismo garantizan un mínimo de 25% de horas lectivas en lengua valenciana desde primero de secundaria a partir del curso que viene y la implantación del modelo de forma paulatina desde ese curso en adelante. Al igual que ya se hace en Infantil y Primaria desde 2018. El rechazo a la ley ya se da en la Vega Baja al margen de la crisis sanitaria. Los padres y madres, grupos de profesores, partidos políticos (PP, Cs, Vox y algunos representantes del PSOE a título particular) y otros colectivos sociales movilizaron a 15.000 personas para reclamar la derogación de la ley de Plurilingüismo hace ahora algo más de un año en una manifestación en Orihuela.
A juicio de esta agrupación de padres, que aglutinada de forma independiente a las federaciones de padres de la Comunidad Valenciana, la Conselleria de Educación "parece ajena a la problemática que ha traído consigo el coronavirus". La situación actual "impide que las asociaciones de padres podamos llevar a cabo con normalidad nuestro trabajo".
Las mismas fuentes indican que no pueden "celebrar reuniones presenciales; buena parte de las familias no tiene los recursos materiales necesarios para acceder a la información a través de internet ni para conectarse a reuniones telemáticas. Ni siquiera a las puertas del instituto es posible mantener una conversación entre no convivientes tras la entrada en vigor del último decreto que limita la permanencia de personas en espacios públicos y privados".
La Conselleria, mantienen los padres, "en su empeño por implantar la Ley de Plurilingüismo" ha establecido que el 28 de febrero, como máximo, todos los centros deben presentar su correspondiente proyecto lingüístico. "Sean cuales sean las circunstancias por las que estén atravesando. ¿Cómo pretenden los responsables de educación que se produzca ese “proceso participativo” de la totalidad de la comunidad educativa, en plena pandemia y con una elevada incidencia de casos? ¿Cómo van a ser informados los padres y madres de cada instituto de los cambios que la Ley acarrea?". Las mismas fuentes insisten, como han hecho durante el último año y medio, en que la ley, que fue aprobada en 2018, "discrimina a la lengua que se habla en la Vega Baja".
Contexto igual o peor
El proyecto se aprueba a través de los Consejos Escolares de cada centro en los que están representados padres, alumnos, profesores, la dirección de los institutos y personal no docente. En la mayoría de centros de la Vega Baja este proceso se completó a finales del curso pasado rechazando la aplicación del programa de mínimos de implantación del valenciano o escogiendo ese mínimo -en el que también se incrementan las horas lectivas en inglés-. La Generalitat es la que adopta la decisión final.
En abril del curso pasado, ya suspendidas las clases presenciales de forma total, el presidente Ximo Puig promulgó un decreto Ley por el cual se modificaba el calendario de aplicación de la Ley 4/2018 dado que “las medidas de contención vigentes, imposibilitan la elaboración, modificación y aprobación de los proyectos lingüísticos de centro (…) de conformidad con los procedimientos participativos previstos en los artículos 16 y 18 (…) así como por las tareas extraordinarias asumidas por los equipos directivos y por el conjunto de la comunidad educativa”.
Las Asociaciones de Padres y Madres de la Vega Baja se preguntan "si en este curso están mejor las cosas". Se preguntan si "¿Acaso el contexto actual no es igual o quizá peor que el que sufrimos en abril del pasado año en lo que se refiere a número de infectados, de fallecimientos, de ocupación de las UCI, etc.? ¿Permiten las medidas adoptadas por el Gobierno Valenciano que las familias podamos participar en la elaboración y aprobación de los proyectos lingüísticos? ¿Han dejado los equipos directivos y el resto del profesorado de estar asumiendo una carga extra de trabajo y ya se pueden dedicar a la redacción de los proyectos lingüísticos? Solo una actitud obstinada e insensible puede llevar a la Conselleria de Educación a no equiparar la situación actual a la de abril de 2020 y, como consecuencia, a mantener el calendario de aplicación de su Ley de Plurilingüismo".
