El edil de Infraestructuras de Orihuela, Ángel Noguera (Cs), admitió ayer no firmar las certificaciones y facturas de pago que cada mes pasa la empresa adjudicataria del mantenimiento, conservación y reparación de viales y espacios públicos en Orihuela Costa y lo justificó porque, aseguró, existen «incumplimientos del contrato» y con el objetivo de «salvar mi posible responsabilidad» por los mismos. Así lo indicó en la comisión extraordinaria a la que ayer se sometió tras solicitarla dos de los partidos de la oposición, PSOE y Cambiemos Orihuela para conocer la situación en la que se encuentra ese contrato tras las desavenencias entre la empresa concesionaria, Zaplana Caselles, y el Ayuntamiento, ya que la mercantil acusa a la Concejalía de Infraestructuras de retenerle las facturas. «No tengo ningún problema con la empresa adjudicataria actual, con la que de hecho mi concejalía mantiene otros contratos adjudicados recientemente», indicó Noguera tras la comisión, a la que acudió con un escrito de varias páginas acompañado de 20 documentos que obran en el expediente de contratación de ese servicio.

"Mi único propósito y voluntad en este tema, como en cualquier otro referente a la gestión de mis competencias delegadas en el Ayuntamiento de Orihuela, se ciñen a cumplir la ley y los procedimientos establecidos, así como a hacer cumplir íntegramente las obligaciones recogidas en los contratos administrativos a mi cargo, puesto que ese es mi deber ante los ciudadanos de Orihuela y ante el gobierno municipal de esta ciudad en el que me integro a través de mi grupo, Ciudadanos, junto al del Partido Popular", indicó el edil, quien señaló que su labor es "ejecutar y hacer ejecutar correctamente el contrato por el que se gestiona por una empresa externa el contrato de mantenimiento, conservación y reparación de viales en la costa". "No participé en su día ni en su preparación ni en su licitación y adjudicación, como tampoco ningún otro miembro del gobierno, al estar la mesa de contratación en el Ayuntamiento de Orihuela constituida por personal técnico municipal exclusivamente, que valora las propuestas y propone la adjudicación, siendo la decisión política en este caso, como en todos los demás, la de asumir la mejor valoración de los técnicos", indicó Ángel Noguera.

Según Noguera, las supuestas deficiencias de la contrata, que opera desde febrero de 2020, han sido señaladas por su parte en el ámbito administrativo y, ayer, en la comisión. El edil reconoció que existe «una discrepancia de criterio en la aplicación del contrato» con el que ha sido técnico supervisor del mismo, «precisamente en virtud de determinadas circunstancias que yo considero incumplimientos de contrato y el técnico no». El funcionario ha ido dando el visto bueno a las distintos trabajos que ha hecho la concesionaria, como supervisor de la contrata, pero el edil admite que considera que no están bien realizados esos trabajos. "Este técnico tiene en ese aspecto todo mi respeto, como no puede ser de otro modo, pero como concejal y último responsable municipal de este servicio no puedo obviar cosas que son objetivamente ciertas y que deberán ser analizadas y resueltas por los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento", añadió Noguera.

Este funcionario está de baja por ansiedad y ha pedido a alcaldía dejar la supervisión del contrato acusando al edil de Infraestructuras de supuestas «presiones» e «injerencias», lo que le llevó a interponer una denuncia por supuesto acoso laboral contra Ángel Noguera ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral del Ayuntamiento, que abrió una investigación municipal. El propio edil acusado anunció ayer que el comité, en un informe que recibió por la mañana, ha rechazado la denuncia de acoso «negándose que haya habido algún tipo de presión, amenaza o merma de derechos o recursos a disposición del técnico denunciante por mi parte». Ese funcionario rechazó comparecer en la comisión y envió un escrito de varias páginas defendiendo su postura. El técnico, no obstante, tiene presentada otra denuncia por supuesto acoso laboral por parte del edil Ángel Noguera ante la Inspección de Trabajo.

Ángel Noguera aseguró que ha puesto toda la información y documentación de la que dispone sobre este tema a disposición de los grupos de la oposición, que la recibieron ayer antes de su comparecencia, "así como mantengo el ofrecimiento de responder cuantas veces sea necesario y a cuantas aclaraciones precisen, y seguir aportándoles cuanta documentación reclamen". En este sentido, exigió una disculpa por parte del portavoz de Cambiemos Orihuela, Carlos Bernabé, por sus declaraciones públicas en referencia a que el gobierno local de Orihuela se haya “extralimitado para intentar la adjudicación a determinadas empresas”, que esté “boicoteando a la actual mercantil adjudicataria para asfixiarla”, o que desde el gobierno municipal “se protejan los beneficios de determinadas empresas en detrimento de otras, retorciendo los procedimientos legales”. "He manifestado por ello en la comisión de manera expresa que el concejal Bernabé miente y que demuestra cobardía política si es capaz de afirmar lo anterior sin denunciarlo donde procede", dijo tras la comparecencia en la comisión extraordinaria, donde defendió que trabaja "con transparencia y eficacia, cumpliendo y haciendo cumplir" y añadió que no va a permitir "que se manipule la realidad por nadie para intentar defraudar los intereses de los ciudadanos que tengo la obligación de gestionar". "El servicio de mantenimiento, conservación y reparación de vías y espacios públicos en Orihuela costa ha de prestarse, como todos y cada uno de los restantes servicios municipales, de manera íntegra y correcta, con sujeción a los pliegos y a la oferta de la empresa adjudicataria que forman parte misma del contrato administrativo, y debe hacerlo la empresa contratista y bajo el control de los servicios técnicos municipales. Esta es la obligación que me han impuesto los ciudadanos, a mí y a la totalidad del gobierno y la administración local de esta ciudad", aseguró.

Críticas de la oposición

Por su parte, el PSOE pidió tanto al edil de Infraestructuras como al alcalde, Emilio Bascuñana (que también compareció en la comisión junto a un técnico), que inicien el procedimiento para la revisión del contrato «que resolvería lo que está pasando». Su portavoz, Carolina Gracia, lamentó que la comisión «haya servido de poco» tras aportar Noguera «un extenso informe» diez minutos antes de comparecer. «Si no hay actividad y decisiones políticas tanto del concejal de infraestructuras o en su defecto del alcalde, no sabremos si son ciertas las acusaciones e información que en sus escritos muestran tanto el técnico como la empresa concesionaria». Carolina Gracia aseguró que "ha tenido que ser la oposición quién pidiese una comisión para escuchar las comparecencias, tras la denuncia de un funcionario porque ni Noguera, ni Bascuñana han hecho nada para arreglar esta situación. Ninguno de los dos ha solicitado hasta ahora la revisión del contrato, un procedimiento que contempla la ley de contratos y que resolvería sin ninguna duda lo que está pasando”, por lo que concluye que “definitivamente, aclarar lo que ocurre con el contrato de viales de la Costa no preocupa ni al concejal, ni al alcalde”.

Carolina Gracia criticó que “una vez más el gobierno está más pendiente de cómo gestionar internamente este asunto que de aclarar, a través del procedimiento que prevé la ley de contratos, si se está cumpliendo o no con lo establecido en el pliegos, es muy sencillo, con la firma de uno de los dos, Bascuñana o Noguera, desde contratación se iniciaría el expediente”. La portavoz socialista expresó que "no es la oposición la que no cumple con su trabajo, sino que una vez más el gobierno llega sin siquiera leer la documentación existente y sin conocer del resultado de la investigación municipal”. El grupo municipal socialista asegura que remitirá, tanto al alcalde como al concejal de Infraestructuras, un escrito solicitando que se inicie "de manera inmediata" el procedimiento de revisión del contrato desde el área de contratación. “La administración tiene los mecanismos necesarios y legales para poder revisar, modificar, o en su caso, rescindir en materia de contratación, no vamos a consentir que esto sea otro enfrentamiento del gobierno, mientras se siembran dudas sobre el correcto funcionamiento de este contrato que, además, es uno de los más importantes que tiene el Ayuntamiento. Que PP y Ciudadanos se llevan mal, lo sabemos, lo que queremos y necesitamos es que por sus cuitas la ciudadanía no siga viendo mermada la calidad y prestaciones de los servicios en la Costa", zanjó la edil socialista.

El contrato de mantenimiento y reparación de viales y espacios públicos de Orihuela Costa es uno de los mayores que paga el Ayuntamiento y se adjudicó en 2019 a Zaplana Caselles por cuatro años por 3.309.584 euros. Como publicó este diario, la empresa acusa a la Concejalía de Infraestructuras de «boicot» y señala los «muchos impedimentos y zancadillas» ya que retiene sistemáticamente sus pagos mensuales de 63.000 euros, que no firma el edil del área, Ángel Noguera, a pesar de que el técnico, les viene dando el visto bueno. Infraestructuras justificó que «percibe» que el servicio no se está prestando «con la calidad que se le requiere»». Además, a la mercantil no le pasó desapercibido que en las publicaciones en unos perfiles de Facebook de la Concejalía de Infraestructuras destinados a los residentes de las urbanizaciones del litoral oriolano, que pone que son oficiales, las fotografías que la empresa les manda aparecen retocadas de manera muy «cutre», tachando con pintura blanca, con un programa de retoque muy básico, el logotipo de la empresa, que aparece en los vehículos junto al escudo del Ayuntamiento de Orihuela (que éste sí lo dejan). «Nos da la sensación de que no nos dejan trabajar para que no se vea el trabajo y poder decir que no se ven las mejoras. Nos entorpecen para que no podamos trabajar», lamentaban a este diario fuentes autorizadas de la empresa.

El contrato de mantenimiento y reparación de viales y espacios públicos en Orihuela Costa fue polémico desde el principio. El actual adjudicatario, Construcciones Zaplana Caselles SL., no fue el ganador de la primera adjudicación, pero interpuso un recurso contra la que fue adjudicataria en 2019, Los Serranos, por considerar que la adjudicación no era justa. De hecho, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, anuló esa adjudicación a Los Serrano del contrato. El tribunal estimó parcialmente el recurso de la mercantil que quedó en segundo lugar, Zaplana Caselles, al considerar que los técnicos de la mesa de contratación -donde no hay políticos- puntuaron un distintivo de calidad que no se mencionaba en los pliegos ni en el contenido de los criterios de valoración, por lo que obligó a restar el punto que se le dio a la mercantil adjudicataria por este motivo. Y, de esta manera, el Ayuntamiento tuvo que adjudicarle la concesión a Zaplana Caselles, porque era la mejor puntuada.