La Confederación Valenciana de APAs y AMPAs, Covapa, (integrada por las federaciones provinciales Gabriel Miró de Alicante, Humanista Manuel Tarancón de Castellón y 9 d’octubre de Valencia), AMPAs Vega Baja y la Plataforma de Profesores por la Libertad Lingüística, aseguran que más de un 70% de los consejos escolares de los institutos de la Vega Baja han rechazado los proyectos lingüísticos de la Conselleria de Educación. Todo ello pese a que la conselleria de Marzà aceptó acuerdos de consejos escolares con el 17% de enseñanza en Valenciano frente al 25% que fija la ley, según publicó este diario.

Sin embargo, para esas plataformas, los proyectos lingüísticos «adolecen de sus principales señas de identidad, la transparencia, la eficacia y el trabajo conjunto de los centros, las familias y la administración educativa y cuya elaboración ha quedado muy lejos de ser el resultado de un proceso participativo», lamentan. Critican que Educación no haya pospuesto su implantación, como pidieron, que su elaboración no es resultado de un proceso participativo y que no se han podido celebrar reuniones informativas ni conocer la opinión de las familias.

Denuncian que no existe una regulación oficial, precisa, pormenorizada y concreta acerca de los términos en los que se han de elaborar los citados proyectos lingüísticos de centro, "refiriéndonos a cuestiones como los programas experimentales, exenciones, implantación secuenciada por niveles de las distintas etapas, porcentajes… y, en definitiva, de todos aquellos factores que intervienen en su elaboración y que como determina la propia Ley, habrá de ser acorde a las necesidades del contexto socioeducativo y demolingüístico del centro", indican. Esta falta de regulación está provocando también, según estas mismas fuentes, discriminación entre territorios de la Comunidad Valenciana," generando el hecho de que haya centros a los que se les va a autorizar el no aplicar la ley mientras que a otros sí se exige el cumplimiento de la ley, sin que existan razones ni en los textos legales ni en la consideración lingüística de los territorios discriminados". Además, aseguran que no se respetan las normas de funcionamiento de los consejos escolares, el órgano democrático para el gobierno del centro. Aseguran que, en muchos casos, los consejos escolares no han recibido el proyecto lingüístico de su centro con la antelación suficiente y, en otros, «nos trasladan su zozobra por las advertencias recibidas en caso de no votar afirmativamente y su repercusión posterior tanto en el propio proyecto como en otros programas educativos del centro. O peor aún, recibir la sugerencia de votar afirmativamente». 

"Votaciones irregulares"

En cuanto a las votaciones, Covapa, AMPAs Vega Baja y la Plataforma de Profesores por la Libertad Lingüística aseguran que "hay consejos escolares que no votan, pero en la Conselleria hay un acta que así lo afirma, votaciones que no alcanzan la mayoría requerida pero en el papel dice lo contrario o votaciones irregulares porque no se tiene en cuenta el número de miembros totales, sino los miembros que se encuentran presentes en la reunión", denuncian. Según esta fuente, en varios centros de la comunidad se han dado por válidas las sesiones celebradas durante el año 2020, "dando por buenos supuestos Proyectos Lingüísticos de Centro que carecían de gran parte de la información necesaria para su aprobación". Hay que recordar que los proyectos sólo podían ser aprobados entre el 1 y el 28 de febrero de este año debido a que la plataforma informática para la elaboración de la propuesta de Proyecto Lingüístico de Centro se activó por parte de Conselleria con posterioridad al 1 de febrero y, por lo tanto, resultaba imposible que los miembros del Consejo Escolar recibieran con anterioridad a esa fecha la oportuna documentación, junto a la convocatoria de la sesión en la que se debía votar la aprobación o no de las respectivas propuestas de los proyectos lingüísticos. "Este hecho, muy extendido según hemos podido conocer, ha tenido una contundente respuesta en algunos casos concretos y las direcciones de los centros se han visto obligadas a rectificar convocando consejos escolares con posterioridad al 28 de febrero para regularizar una forma de actuación que claramente pretendía impedir la participación de la comunidad educativa de sus centros", indican.

Por todos estos motivos "y ante este cúmulo de despropósitos", solicitan que la Conselleria de Educación haga públicas todas las propuestas de Proyecto Lingüístico de Centro elaboradas por los consejo escolares de cada centro educativo, que informe de la fecha en la que se celebró la sesión de aprobación de las propuestas y que indique el total de miembros que componen cada consejo escolar, así como el sentido final de la votación, con indicación de los votos a favor, en contra y abstenciones recogidos en las actas de los consejo escolares que se han remitido junto a cada propuesta de Proyecto Lingüístico de Centro.

Estas plataformas indican a sus colectivos de la puesta a disposición de todas las familias y docentes de un servicio de asesoría administrativa y jurídica "para evitar que se siga perpetrando la vulneración de los derechos de las familias en materia lingüística", concluyen.