Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Torrevieja han reiterado en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche el recurso que ya presentaron en diciembre en contra del sobreseimiento provisional de la denuncia que Eduardo Dolón (PP) interpuso contra la secretaria general del pleno y la oficial mayor del Ayuntamiento torrevejense, dos de las plazas fundamentales de gestión en una administración local.

El recurso se produce pese a que el alcalde aseguró en diciembre y mantiene ahora, que el recurso se había interpuesto sin su conocimiento y que no lo compartía. Anunció que iba a buscar la fórmula para desistir y de que el municipio no mantuviera acusación alguna. Dolón atribuyó la acción judicial contra el archivo a su director de la Asesoría Jurídica. El diciembre trascendió que un asesor de Alcaldía aportó documentación para completar ese recurso. Sin embargo, la actual confirmación, firmada el 7 de marzo, se ha llevado a cabo con pese a que ese asesor jurídico se encuentra de baja, por lo que se ha ordenado, continuado o supervisado supuestamente por otro funcionario. Además de este recurso del Ayuntamiento se ha presentado otro de una asociación que ejercía también la acusación.

La denuncia se presentó a finales de 2019 y señalaba por supuestas irregularidades a esas funcionarias. Señalaba que la cúpula funcionarial no había comunicado a la administración los puestos de habilitados nacionales que se crearon después de que Torrevieja accediera a la condición de gran población. Irregularidades que ni el juez, ni el Ministerio Público consideran acreditadas con la documentación y las declaraciones realizadas, porque esas vacantes sí fueron comunicadas. La Fiscalía ha reiterado por segunda vez desde diciembre el mismo criterio que el juzgado que dio carpetazo al asunto: que no hay razones para continuar con las diligencias. Además de estas dos funcionarias en el procedimiento Dolón, a instancias de un informe presentado por el interventor accidental y actual asesor jurídico (de baja), denunció a un técnico de administración general y a una funcionaria.