Los vecinos de San Miguel de Salinas deberán pagar con el presupuesto municipal de 2021, aprobado definitivamente el pasado 12 de marzo, 600.000 euros por la expropiación de un suelo a un particular en la urbanización Eagle´s Nest. Un terreno que el municipio tuvo que contemplar como necesario para las dotaciones públicas de esa urbanización en los años 90, pero que estaba en manos privadas y que va expropiar ahora.
El pleno extraordinario del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas del pasado 12 de marzo y convocado para la resolución de las alegaciones a la aprobación provisional de los presupuestos municipales, incluyó por sorpresa, sin estar en el orden del día, ni contar con exposición pública, el abono a un particular de 436.839 euros, más los intereses de demora generados desde el 23 de septiembre de 2015, en cumplimiento de una sentencia del TSJ de fecha 5 de febrero de 2020. Un total que se sitúa en torno a 600.000 euros, según señaló la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel.
El presupuesto municipal se aprobó definitivamente con los votos del PSOE y Adelante San Miguel (la edil de IU no pudo acudir) pese a la inclusión irregular de esta modificación esencial en el presupuesto con respecto al que se había aprobado inicialmente, sin dar opción a los partidos políticos y los vecinos a conocer el expediente.
La obligacion de expropiar ese suelo tiene su origen en la pasividad municipal a la hora de desarrollar, siguiendo criterios básicos y legales de urbanización, el residencial Eagle´s Nest, en Las Filipinas. Un planeamiento de viviendas turísticas contemplado en las Normas Subsidiarias en 1988.
La Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel indica que el propietario de la parcela E-7 del plan parcial ADU 17 de la urbanización Eagle´s Nest cuenta con 4.652 metros cuadrados y está calificada como dotacional en el plan parcial. La propiedad incoó un procedimiento de expropiación rogada del solar de su propiedad. El contencioso se plantea contra la resolución del jurado Provincial de Expropiación de Alicante de mayo de 2017, que desestimó el recurso de reposición de la propiedad, que consideraba insuficiente el valor de la tasación dada a la parcela en septiembre de 2015.
Según explica la misma fuente vecinal este Plan Parcial ADU-17 dentro de Las Filipinas fue una de las primeras urbanizaciones que empezaron a construirse en el municipio con arreglo a las Normas Subsidiarias de planeamiento de 1988. La parcela E-7 está calificada como una parcela dotacional para uso escolar. El terreno por el cual el municipio abonará alrededor de 600.000 euros es, en la actualidad, un solar con una vivienda.
Los vecinos recuerdan que en una operación “inexplicable, a escasos metros, el Ayuntamiento compró años después una parcela para uso escolar con reserva de aprovechamiento, que revendió a una empresa para la construcción de un colegio privado”. Es decir, tenía disponible pagar por esa expropiación sin intereses de demora pero prefirió dilapidar suelo municipal en otro sector.
La asociación de vecinos “San Miguel Arcángel” critica la falta de transparencia y de explicaciones a la ciudadanía por lo que parece ser una deficiente gestión urbanística, cuyas consecuencias se sentirán en el bolsillo de los contribuyentes. Lamenta, por otra parte, que este asunto se aprobara “de tapadillo” por la urgencia de incluir el pago de la Sentencia en los presupuestos ya que no figuraba, ni siquiera, en el orden del día de la sesión plenaria a pesar de datar de febrero del 2020.
El Ayuntamiento ha estado demorando el pago durante seis años -aunque la obligatoriedad de pagar la había generado quince antes-. El Ayuntamiento intentó librarse del abono de la expropiación pidiendo autorización a la Generalitat para renunciar al terreno dotacional que iba a obtener. La administración autonómica respondió que el municipio ya había renunciado en distintos acuerdos a suelo dotacional que tenía previsto en el desarrollo de distintos planes parciales y denegó la operación.
Según ha podido conocer este diario, las parcelas y las viviendas se construyeron sin plan de reparcelación aprobado. Los promotores vendieron las casas e incluso lograron licencias de obras en el Ayuntamiento pese a que el terreno carecía de los instrumentos de desarrollo urbanístico básicos, como el plan de reparclación en el que se distribuyen las cargas. O lo que es lo mismo: sin planificar la cesión para viales y dotaciones públicas que debían aportar los promotores, y en su caso, los propietarios particulares del suelo. Cuando el Ayuntamiento quiso regularizar esa situación, a principios de los noventa, con el plan de reparcelación, ya no quedaba suelo disponible para que todo el sector contara con las parcelas dotacionales que las Normas Subsidiarias determinaban que debían dedicarse a uso público, y le endosó a un particular, en una finca que ya tenía una vivienda, el suelo correspondiente en la urbanización a espacio dotacional escolar.
Falta de publicidad
Por su parte, la edil de Ciudadanos de San Miguel, Maria José Costa Medrano, también ha cuestionado esta aprobación. Cs critica la falta de publicidad del nuevo presupuesto que el equipo de gobierno llevo a un pleno extraordinario el pasado día 12 de marzo. Estando el presupuesto aprobado provisionalmente en exposición publica desde el 12 de febrero y “en trámite de alegaciones, seis días después el alcalde decide por providencia incluir el pago de una sentencia pendiente de pago desde el día 7 de octubre de 2020”.
Para la edil “el olvido no es cualquier cosa”, ya que desde el mes de octubre hasta mediados de marzo está pendiente de abono la cantidad de 436.839 euros mas los intereses que generen dicha cantidad hasta el pago, alrededor de unos 125.000 euros.
Ciudadanos de San Miguel de Salinas lamenta que en la aprobación inicial del 11 de febrero ni el alcalde ni el equipo de gobierno llegaran a mencionar la obligación del pago y que seis días después se incluyera “sin pasar por exposición publica ni el pago de dicha cantidad ni el condicionado del préstamo que reseñan que hay que sacar para su abono”.
Es más, Ciudadanos recuerda que la la Asociación de Vecinos y dos sindicatos que han presentado alegaciones a un presupuesto que no conocían, porque en el periodo de exposición pública se ha incluido un gasto que compromete el 10% del presupuesto municipal -que asciende a 6 millones de euros- “porque nunca se hizo público”. Además se ha variado la plantilla de personal, ya que en el primer presupuesto aparecen cuatro plazas en la subescala administrativa y vacantes dos, y en el nueva plantilla de personal aparecen dos solamente y dos vacantes.
Para Costa Medrano “es una tomadura de pelo para la ciudadanía, y juré mi cargo de concejal para hacer valer la legalidad”, manifestó la portavoz naranja en San Miguel de Salinas, Maria Jose Costa, añadiendo que incluso “se permiten desestimar las alegaciones presentadas por la asociación de vecinos y sindicatos por no ceñirse a los supuestos contemplados en la ley cuando ellos mismos, el equipo de gobierno no cumplen la legalidad, privando a la ciudadanía de poder ver el expediente y hacer alegaciones al mismo, ya que le falta el trámite de exposición pública”. La edil sugiere que este cambio sustancial en el presupuesto no ha sido informado por los técnicos municipales, algo que es preceptivo.
La aprobación sin respetar el derecho de los concejales al acceso a la información pública generó además la división de voto del PP en la oposición. El portavoz y un edil se abstuvieron y dos ediles del PP rechazaron el presupuesto definitivo.
Para Costa “no solo incumplen lo que prometieron en campaña de un presupuesto participativo, sino que además se mofan de la ciudadanía y de los derechos fundamentales de los concejales, ya que han ocultado que el pago de la sentencia estaba sin efectuar desde octubre, con sus intereses corriendo en contra del pueblo de San Miguel” .
El voto de ciudadanos en el pleno de los presupuestos del pasado día 12 fue en contra. Los presupuestos salieron aprobados con el voto a favor del equipo de gobierno. Hasta el PP, partido mayoritario en la oposición tuvo sus dudas. Dos concejales, incluido el anterior edil de Urbanismo y portavoz de Urbanismo, Sergio Correas se abstuvieron. Y dos concejalas del PP que votaron en contra -y en contra de la postura de su portavoz-.
