Un proveedor del Ayuntamiento de Torrevieja ha tenido que recurrir por la vía judicial al bloqueo y embargo de cuentas municipales para cobrar una deuda de algo más de cien mil euros. 83.000 de principal y más de veinte mil de intereses de demora. El juzgado ordenó la ejecución del pago de la deuda después de que desde el municipio nadie, ni técnicos ni políticos, respondiera a la reclamación de pago avalada por una sentencia que es firme, y sin posibilidad de recurso, desde 2018.
La acción judicial y la ausencia de respuesta municipal no tiene nada que ver con la falta de solvencia de las arcas municipales, que suman depósitos por valor de noventa millones de euros en estos momentos. Está relacionada con la falta de medios humanos y de coordinación entre los distintos departamentos -y el equipo de gobierno- a la hora de atender docenas de reclamaciones de carácter judicial y administrativo.
El caso se remonta a la reclamación del propietario del local en el que desde 2009 hasta 2019 funcionó la sede del PROP y el registro municipal en la calle Bazán de Torrevieja. La propiedad reclamó una actualización del alquiler al alza muy sustancial en un momento en el que ese arrendamiento se pagaba sin mediar contrato -se había agotado y el Ayuntamiento había calculado que no iba a ser necesario renovarlo por un cambio de ubicación y apertura un local municipal, que luego se retrasó-.
Aunque el anterior equipo de gobierno de izquierdas dio casi por hecho que la petición no iba a prosperar, el juzgado no solo le dio la razón al dueño de local, además reconoció su derecho a percibir intereses de demora. El PP en la oposición en aquel momento se hizo eco de la sentencia y cuestionó la gestión municipal.
Pero el propietario al que dio la razón el juzgado y el propio juzgado ha tenido que esperar dos años más -ya bajo mandato del PP- y recurrir a una alternativa directa como es el embargo de cuentas para que se hiciera efectivo el pago. Este tipo de retraso en la gestión provoca un enorme gasto en intereses de demora al no asumirse las sentencias firmes de forma inmediata. Sin ir más lejos, otro juzgado, como avanzó INFORMACIÓN, ha condenado al pago de medio millón euros a Acciona solo en intereses de demora. Es un problema burocrático que no solo tiene impacto en gasto que al final asumen todos los vecinos de la ciudad, también en la parte política. En ocasiones la tramitación de estas ejecuciones de sentencia termina por resolverse solo cuando el juzgado advierte de la responsabilidad personal del alcalde de la Corporación y amenaza con imponer multas personales.
También está ocurriendo algo similar en el proceso convencional del pago a proveedores. La falta de un procedimiento más ágil y la prestación de servicios sin contrato sigue lastrando el plazo de pago medio y generando intereses.
