El juzgado Nº3 de Orihuela acaba de abrir diligencias de investigación al alcalde Miguel López (PSOE) y a la teniente de alcalde y concejal de Cultura, Rosa María García (C´s), dando un plazo de quince días para que el Ayuntamiento aporte el expediente foliado y completo de la escultura denominada “Educandos de Benejúzar”, según ha anunciado la oposición del PP.
Los hechos que ahora investiga un juzgado de Orihuela se remontan al pasado 4 de octubre de 2020, cuando el Ayuntamiento de Benejúzar inauguró una escultura conmemorativa del aniversario del pasodoble “Educandos de Benejúzar”, compuesta por el maestro y a la vez Hijo Adoptivo del municipio, José Aparicio Peiró.
El Partido Popular de Benejúzar denunció públicamente "lo que a todas luces creemos que es una manifiesta irregularidad". En el pleno extraordinario del 20 de octubre del pasado año, el portavoz del Grupo Popular Antonio Bernabé, "dejó bien claro que el gobierno municipal había incurrido en una ilegalidad administrativa al proceder a la ejecución de una obra sin contar con ningún tipo de contrato, ni expediente administrativo alguno de contratación que lo amparara, además de no tener a su disposición el crédito presupuestario necesario". Algo que el equipo de gobierno conocía al constar "expresamente en las bases de ejecución del presupuesto, aprobado y conocido por los concejales de gobierno". En opinión del PP estos hechos "pudieran constituir un delito de prevaricación (administrativa) recogido en el art. 404 del Código Penal".
La oposición lamenta tener que acudir a la justicia para "poner fin a las arbitrariedades e irregularidades a las que ya nos tiene acostumbrado el equipo de gobierno del Ayuntamiento, sobre todo cuando con luz y taquígrafos manifestaron nada más llegar, que vendrían tiempos nuevos de transparencia y de ejemplaridad. Y es todo lo contrario. Opacidad y aplicar la ley según les convenga".
Por otra parte, la factura de la escultura fue de 5.153 euros lo que hubiera exigido una adjudicación por contrato menor de obras o servicios. Aunque el total es mayor porque se llevaron a cabo distitnas trabajos para ubicar la escultura. Si el coste sin IVA supera los cinco mil euros la ley de Contratos del sector público dispone que se exigirá la emisión de un informe "del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior".
Con estos antecedentes el PP adoptó la decisión de poner los hechos de la escultura, inaugurada sin contrato y sin crédito presupuestario, en manos de la Fiscalía, y que a día de hoy, ha dado traslado al Juzgado de Instrucción nº3 de Orihuela abriendo las correspondientes diligencias de investigación.
Por otra parte, la factura de la escultura fue de 5.153 euros lo que hubiera exigido una adjudicación por contrato menor de obras o servicios. Aunque el total es mayor porque se llevaron a cabo distitnas trabajos para ubicar la escultura. Si el coste sin IVA supera los cinco mil euros la ley de Contratos del sector público dispone que se exigirá la emisión de un informe "del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior".
El alcalde Miguel López ha negado cualquier irregularidad y ha señalado que el gasto se validó con una modificación de créditos -a posteriori- de la adquisición con informe que cuenta con el visto bueno de los técnicos. López, que no especificó el procedimiento de adjudicación de la escultura, lamentó que el PP siga centrando su labor de oposición en la presentación de denuncias. "Por ejemplo, con el tema electoral llevan mintiendo seis años y nosotros que denunciamos la desaparición de la pistola táser al principio de este mandato no quisimos ir más allá ni personarnos, porque ya hicieron el suficiente ridículo", indicó López.
