Con el convencimiento de que los tribunales les darán la razón, el colectivo Ampas Vega Baja y Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística anunció ayer que llevará al contencioso varios casos «representativos de toda la comunidad educativa» contra la Ley de Plurilingüismo, que garantiza un mínimo de 25% de horas lectivas en lengua valenciana en Infantil y Primaria desde 2018 y en primero de secundaria a partir de ahora.
La organización tacha este proyecto como «la última y más brutal agresión a los ciudadanos de la Vega Baja» por pretende «extirpar el español de nuestro sistema educativo y arrebatar a las familias el derecho a elegir lengua vehicular para sus hijos».
Además, argumenta que esta «imposición» de la Conselleria «vulnera la Constitución y el Estatuto de Autonomía». Es más, su titular, Vicent Marzà «no tiene capacidad para justificar legalmente el atropello de las libertades que ha perpetrado», explica.
En su opinión, «la humillación y el desprecio» del Gobierno valenciano es tal que «ni tan siquiera ha respondido a los recursos presentados por miles de padres». Por ello, acudirá a los tribunales para dar respuesta a todas esas familias que «aspiren a algo, tan aparentemente normal, como elegir la lengua en la que sus hijos estudien».
Para sufragar el elevado coste económico del procedimiento jurídico, «última alternativa a las familias», lejos de «desistir», hace un llamamiento a vecinos, asociaciones, organismos e instituciones para que se unan en un crowdfunding para aportar los fondos necesarios para afrontar los gastos.
En palabras de la plataforma, se trata de la «supervivencia como región, la defensa de nuestra cultura y nuestra historia». Por eso, anima a la movilización y a que «se vuelva a poner sobre la mesa que la dignidad de esta tierra no puede ser atropellada».
En enero del año pasado se celebró en Orihuela una manifestación con una amplia asistencia de unas 20.000 personas pidiendo la derogación de la ley por el rechazo del porcentaje de asignaturas obligatorias a impartir.
En este sentido, lamenta que no se haya atendido esta reivindicación «sin precedentes, la mayor de la historia de la Vega Baja, ni las que le siguieron». Del mismo modo que tampoco se tiene en cuenta «el mayoritario rechazo de los centros educativos a la imposición de unos planes lingüísticos», indica al tiempo que enfatiza que «este pueblo no se va a rendir ni a someter, sino que dará una respuesta masiva y contundente».
