Una red de control del tráfico rodado que contribuya a la prevención de accidentes, «la mejora de la eficiencia energética y la reducción de gases contaminantes a la atmósfera», la mejora de las «ciudades inteligentes o smart cities». Con este argumento justificó el Ayuntamiento de Orihuela la petición de la subvención de fondos europeos Edusi que ha recibido por valor de 185.000 euros (IVA incluido) para cubrir con cámaras de videovigilancia los barrios de Capuchinos y la calle de Arriba (Miguel Hernández) y entorno. Son dos barriadas populares del cinturón urbano de San Miguel con problemas habituales de seguridad ciudadana.
Y ese es el objetivo final del proyecto: la videovigilancia en las calles. Sin embargo, el municipio, sobre el papel, en el expediente de adjudicación alude exclusivamente al control de tráfico -bastante menos denso que en otras zonas del casco urbano- y justifica su instalación por la condición de calles semipeatonales, como es el caso del Rincón Hernandiano y Santo Domingo, aunque la mayoría son viales con tráfico ordinario.
A la calle de Arriba y adyacentes se destinarán «al menos», dice el proyecto, nueve cámaras «de control de tráfico». En Capuchinos se ubicarán «como mínimo» otras diez. Una densidad de dispositivos elevada para la superficie a cubrir. Los servidores de gestión y almacenamiento de imágenes estarán ubicados en los retenes de la Policía Local de la calle San Franscisco en Capuchinos y Miguel Hernández (calle de Arriba). El proyecto ahora en licitación contempla la conexión de esas cámaras en tiempo real a través de una red de fibra óptica entre los puntos de vigilancia, los servidores, la sede del Ayuntamiento en el Palacio del Marqués de Arneva con la jefatura de la Policía Local a través de fibra óptica.
El área de Seguridad del municipio desconoce los detalles de la adjudicación, más allá de que se tramitó como parte de la estrategia de captación de fondos europeos del Ayuntamiento oriolano, con la que se están financiando obras en el Cinturón Urbano de la Sierra de San Miguel. Los policías locales deberán recibir formación para supervisar y emplear la red, pero con la Concejalía de Seguridad solo tiene constancia de la inversión por la publicación de la licitación.
El uso de videovigilancia por parte de la administración local está muy limitado por la ley de videovigilancia estatal y también por la de Protección de Datos. Las autorizaciones las otorga una comité especial dependiente del Ministerio del Interior, que en el caso de la Comunidad Valenciana, se resuelven desde la delegación del Gobierno en València. Y no es sencillo que valide muchas de las solicitudes, sobre todo si llegan de la mano de administraciones locales.
El área de Policía prepara una red para las urbanizaciones del litoral
El área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento oriolano elabora un estudio para poner en marcha un sistema de control de tráfico con cámaras en las urbanizaciones de litoral oriolano más cercanas a la primera línea de playa. Buena parte de esos residenciales cuentan como mucho con dos viales principales de entrada y salida hacia la vía parque de la N-332. -Cabo Roig, Campoamor, La Zenia o Playa Flamenca son algunos ejemplos-. La inversión inicial es de 80.000 euros y ese control de tráfico servirá también como apoyo complementario al control de seguridad ciudadana normalmente a requerimiento de Guardia Civil o Juzgados. Cualquier cámara de tráfico puede identificar ya matrículas, velocidades, entre otras variables.
