La alcaldesa de Benejúzar, Rosa García (Ciudadanos), y el teniente alcalde, Miguel López (PSOE), declararon ayer en el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela como investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa. Los hechos se remontan a octubre de 2020, cuando el Ayuntamiento instaló una escultura conmemorativa del 50 aniversario del pasodoble «Educandos de Benejúzar». El PP puso este asunto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, que elevó denuncia al Juzgado al concluir que «podía ser presuntamente constitutivos de un delito contra la administración pública».
López, por entonces alcalde, manifiesta que el importe de la factura de la pieza artística -algo más de 5.000 euros- se pagó a través de una modificación de crédito. «Tal y como se ha demostrado», argumenta, este procedimiento estuvo avalado por «Secretaría del Ayuntamiento» y «se aprobó en el pleno y en la junta de gobierno». «Como alcalde no debía dejar una factura sin pagar por un trabajo realizado», añade.
El edil se muestra seguro de que «habrá sobreseimiento», como ha ocurrido recientemente con otra denuncia del PP por encargar la reparación sin contrato de un colector de saneamiento, ante la urgencia que provocó la DANA de 2019. Por todo ello, sostiene que está sufriendo «persecución» por parte del PP, que «se centra en judicializar la política», algo que califica de «error», con el único objetivo de «hacer ruido».
García, que asumió como alcaldesa hace tres meses, era concejal de Cultura cuando encargó la escultura. Afirma estar «tranquila» y a la espera de que «se archive de forma inmediata», porque «la contratación fue correcta» y «no existe ningún reparo vigente pendiente de ser resuelto sobre este asunto».
Por su parte, Antonio Bernabé, portavoz del grupo popular, lamenta que «un nuevo episodio judicial ensombrezca al Ayuntamiento, fruto de un pacto de evidente desgobierno», y se pregunta si García y López van a dimitir tal y como ellos le solicitaron a él cuando era alcalde y estaba investigado.
