Callosa de Segura está catalogada como zona alta en el catálogo de áreas de necesidad de vivienda de la Generalitat. Según la dirección general de Emergencia Habitacional, el municipio se sitúa además en una comarca especialmente tensionada, con un alto número de demandantes en función de la población, práctica inexistencia de parque público de viviendas y situaciones constatadas de vulnerabilidad, algo que se ha acrecentado en los últimos años por las crisis económicas y los daños producidos por la DANA 2019 y por la pandemia del covid.
Todo ello justifica, a ojos del Consell, la compra directa de 22 pisos en la localidad por un importe de 2 millones de euros. La Conselleria de Vivienda y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) han suscrito un acuerdo para adquirir estos inmuebles que forman parte de un edificio de 27 viviendas, además del traspaso de 30 garajes y tres trasteros. De esta forma, se procede a su incorporación al patrimonio público de vivienda de la Generalitat que tiene adscrito la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) para su gestión, administración y adjudicación a familias en riesgo de exclusión.
En palabras del secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, que ha participado en el acto notarial, "con esta adquisición la Conselleria de Vivienda continúa trabajando para garantizar el derecho a una vivienda digna". Así, ha explicado que la incorporación al parque público de estas 22 viviendas permitirá dotar de solución habitacional a situaciones de especial vulnerabilidad en Callosa de Segura.
Una operación que ha levantado ampollas entre varios vecinos, sobre todo el rechazo por parte de los propietarios que residen en el edificio: una mujer mayor y cuatros familias con niños, que temen que su hogar se convierta en un gueto. Uno de ellos, que prefiere no dar su nombre, subraya que llevan dos años batallando para paralizar esta compra a través de numerosos escritos y hasta de una recogida de firmas que alcanzó casi 6.000 apoyos. "No ha servido de nada tanto esfuerzo". Según sus cálculos, al Consell cada vivienda le ha costado unos 90.000 euros, cuando podrían haber comprado más por menos dinero, porque "este edificio es de 2008 y tiene buenas calidades".
Este vecino, que habla en representación de los otros cuatro, quiere dejar claro que no se oponen a la vivienda social y a ayudar a quienes tienen problemas. Sin embargo, no les parece bien que se concentre en un único edificio, algo que, según argumentan, va en contra de la propia normativa sobre la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana que establece que debe hacerse de forma diseminada: "En ningún caso podrá haber concentraciones de vivienda social en determinadas áreas con el fin de evitar la formación de agregados residenciales de bajas rentas solo en determinados barrios". La misma ley indica que se deberá "velar por evitar la segregación espacial de las viviendas del parque público con el fin de garantizar la cohesión social".
Él, que vive allí desde 2012, ha invertido 180.000 euros -"ahora voy a perder el valor de mi propiedad"-, y teme que "se degrade el casco histórico". En este sentido, recuerda que está en pleno centro, al lado del colegio Primo de Rivera, con más de 500 alumnos, y del mercado de abastos, que concentra una afluencia de público de toda la Vega Baja.
Por su parte, el alcalde del municipio, Manuel Martínez, manifiesta que esta compra es contraria a lo que el equipo de gobierno (PP y Ciudadanos) e incluso el pleno expresó, recogiendo el sentir de los vecinos de la finca y de todo el entorno en una propuesta que pedía a Conselleria que cumpliera con lo que estipula la ley, que la vivienda social esté diseminada. El regidor insiste en que seguirá realizando una labor mediadora entre las partes. Este jueves los vecinos mantendrán una reunión en el Ayuntamiento con el director general de Vivienda.
