La sala de plenos de la Diputación Provincial de Alicante ha acogido el pleno de constitución del Consejo de Participación Ciudadana del Consorcio Vega Baja Sostenible A6. Este órgano institucional funcionará como un enlace entre las entidades ciudadanas y el consorcio, aportando información y nuevos puntos de vista para agilizar y dar mayor transparencia a la gestión de residuos. Los ocho colectivos representados en este órgano participativo son Recicla Alicante Cooperación NS, Ecologistas en Acción PV, la Asociación Amigos Humedales del Sur de Alicante, la Asociación Segura Transparente Vega Baja, Asociación de Propietarios y Vecinos Punta Prima, la Asociación Vecinos San Miguel Arcángel y los sindicatos Intersindical y CCOO.
“Hoy es un día histórico para este consorcio, pues comienza la andadura de su Consejo de Participación Ciudadana,” ha declarado la presidenta del Consorcio Vega Baja Sostenible Teresa Belmonte en su discurso de apertura. “Un órgano que representa un modelo de gobernanza basado en la transparencia y en la participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas de desarrollo y gestión de los servicios públicos esenciales.”
El Consejo de Participación Ciudadana que hoy empieza está formado por ocho representantes del tejido asociativo de la Vega Baja, como sindicatos, asociaciones de vecinos o organizaciones ecologistas. El Consorcio se alinea así con las asociaciones comarcales buscando, en palabras de su presidenta Teresa Belmonte, “resolver para siempre el problema de residuos en la Vega Baja.”
Carlos Arribas, el representante de Ecologistas en Acción PV, ha asumido la secretaría del Consejo de Participación Ciudadana, con Manolo Gómez de la Asociación Vecinos San Miguel Arcángel como vicepresidente. Ambos implicados desde hace décadas en la reivindicación del cumplimiento de la legislación ambiental en la Vega Baja.
A los vocales del tejido asociativo, se suman los cuatro miembros elegidos por la Junta de Gobierno del Consorcio Vega Baja Sostenible: cuatro responsables políticos que representan los ayuntamientos de Albatera (PP), Daya Vieja (Compromís), Granja de Rocamora (Ciudadanos) y Los Montesinos (PSOE).
La presidenta Teresa Belmonte ha subrayado la responsabilidad que ahora comparte con los miembros del Consejo de Participación ciudadana: “Tenemos la obligación de poner en marcha un contrato para la gestión de nuestros residuos que proviene de modelos de gestión desfasados y de legislación derogada, debiendo adaptarlo a la actual realidad normativa y tecnológica cumpliendo con las exigencias de los principios medioambientales irrenunciables para todos nosotros.” Fuentes de los componentes del consejo han valorado el empeño de la presidenta en los últimos meses en poner en marcha el consejo en una tramitación que no se había gestionado por parte de anteriores mandatos del organismo de gestión de residuos -que se formó en 2005-.
Como asuntos importantes a abordar por el Consejo quiere profundizar en las gestiones que deben realizar los 27 municipios por el desarrollo de planes municipales de gestión de residuos con el horizonte fijado en las directivas europeas de objetivo residuos cero y la separación de las fracciones de residuos que permita rebajar el volumen a recoger y eliminar. Muchos de los principales municipios de la Vega ni tan siquiera lo han aprobado aunque es una exigencia legal y se exponen a corto plazo a ser multados.
También está pendiente el despliegue real de la gestión comarcal de las basuras a cargo de la empresa adjudicataria, la puesta en marcha de las plantas municipales de gestión, ecoparques y lo más inmediato, la apertura de la planta de transferencia de Dolores, el primer paso para modernizar la gestión, que ahora se realiza asumiendo enormes costes de transporte a plantas autorizadas en el resto de la provincia con un porcentaje de valorización muy por debajo de lo deseable.
