El área de Hacienda del Ayuntamiento de Orihuela, competencia que ostenta la propia alcaldesa de la localidad, Carolina Gracia, lleva al pleno municipal, que se celebra este martes, una modificación de crédito, a través de los remanentes -o superávit- de 1,2 millones de euros para la expropiación del vial que conecta la urbanización Villamartín con la carretera nacional N-332. Se trata de una reclamación de la mercantil Urbanizadora Villamartín S.A., propietaria de los terrenos que ocupan la carretera, un total de 11.832 metros cuadrados de superficie.
Tras un periplo judicial que se inició en 2009, finalmente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana falla en julio de 2021 que el Ayuntamiento debía pagar los suelos propiedad de la empresa constructora a través de un expediente de expropiación. En concreto, dictaminaba que "es evidente que este sistema general viario no puede ser adquirido por compensación, puesto que existen unas sentencias que así lo determinan", por lo que "la única posibilidad de satisfacer a su titular los derechos determinantes es la expropiación, de manera que es necesario satisfacer las pretensiones del actor y determinar el contenido económico de sus derechos en relación con esos suelos convertidos en sistema general viario".
Terrenos, que por otra parte, se han usado durante más de cuatro décadas como carretera pública, imprescindible además para la comercialización de las viviendas. La sentencia afirma que queda acreditado que "la finca, que la mercantil destinó a uso privado de su propia urbanización, ha sido destinada a vial", e incluso detalla que tiene "el carácter de un sistema general y de acceso y servicio a numerosas urbanizaciones de la zona costera".
Así, instaba a la administración local a adoptar "las medidas necesarias para promover y activar la ejecución de las sentencias", ordenándole a presentar en el plazo de dos meses la hoja de aprecio para que sea fijado el justiprecio por el Jurado de Expropiación.
Mientras que la empresa exigía el pago de 2,2 millones de euros, el informe del arquitecto municipal estimó en julio de 2020 que el valor del justiprecio -a fecha de abril de 2019- es de 1,2 millones, que es finalmente la modificación de crédito que se ha elevado al pleno de mañana.
Con todo, el arquitecto manifestó que "la posición en el territorio no es del todo clara y no existe levantamiento topográfico que concrete su delimitación". Además, "la ordenación urbanística no contempla edificabilidad para el terreno por estar destinado a viario", por lo que para determinar el precio se valoró la edificabilidad media del ámbito.
El pleno también debatirá una proposición de Cambiemos para que las sesiones plenarias se realicen, al menos una vez al año, en la sede consistorial de Orihuela Costa en un esfuerzo por descentralizar y acercar la administración a otros puntos del municipio. Por su dispersión geográfica, tanto el litoral como las pedanías reclaman históricamente más atención e infraestructuras, incluso con reivindicaciones de independencia que ahora se han ido transformado en una mayor autonomía que se traduzca en un aumento de inversión. El PP ha presentado una enmienda para que se incluya además La Aparecida, La Murada y San Bartolomé, aunque solo hay dos sedes del Ayuntamiento: una en el casco histórico y otra en Orihuela Costa.
Una moción para endurecer las penas por ocupación de viviendas
El grupo popular ha presentado una moción, que se debatirá en el pleno, para endurecer las penas en caso de ocupación de viviendas e inmuebles, especialmente en el caso de mafias, recuperando el delito usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años.
Además, solicitan incluir nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda o inmueble con el objetivo de recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de la misma sin su consentimiento, de forma que se proceda al desalojo de la vivienda ocupada en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía.
Otra medida que contempla es que se habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda, además de evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal y modificar la legislación tributaria para la reducción de obligaciones contributivas de arrendadores que justifiquen la no percepción de rentas.
