El pleno ordinario de febrero de San Vicente del Raspeig aprobó este miércoles anular dos acuerdos tomados en sendos plenos de los últimos tres meses. Por un lado, la retirada de la exigencia a la mercantil Enrique Ortiz e Hijos de la indemnización de 1,9 millones de euros por los perjuicios que valora el consistorio que produjo abandonar sin previo aviso la gestión del aparcamiento municipal del Ayuntamiento.
El pleno ha aprobado con 10 votos a favor y 10 abstenciones la suspensión del acuerdo tomado en el pleno noviembre y evita así un posible contencioso de la mercantil mientras no se resuelve el recurso ante el Tribunal Supremo que tiene interpuesto. El Ayuntamiento ha estimado el recurso presentado por Ortiz e Hijos contra aquel acuerdo. El equipo de Gobierno ya se vio obligado a anular dicha liquidación cuando la realizó a través de la Junta de Gobierno porque una sentencia declaró nulo el acuerdo por no ser el órgano competente. En noviembre se anuló aquel acuerdo y se aprobó realizar la liquidación de nuevo a través del pleno, que ahora se suspende.
La concejala de Ciudadanos Mariela Torregrosa lamenta «la mala imagen» que ofrece el consistorio y recuerda que «en aquel pleno ya cuestionamos si era procedente» realizar la liquidación en ese momento al haber recurrido la empresa en casación ante el Tribunal Supremo «y todavía no existe un fallo judicial firme que nos permita tomar esta decisión».
Con ironía, el portavoz de Podemos critica que el punto «bien podría llamarse una serie de catastróficas desgracias». Mientras el portavoz de Vox, Adrián García, pide que «o se organizan o se coordinan mejor». Mientras la edil Popular Lourdes Galiana critica la «falta de comunicación y el desconocimiento de cómo proceder procesalmente».
El pleno también aprobó la anulación parcial de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un plus de nocturnidad a la Policía Local aprobado en el pleno de noviembre, y que contaba con el informe en contra de la Secretaría. La Subdelegación del Gobierno ha obligado al Ayuntamiento a anular parcialmente el acuerdo. Y ello ha supuesto duras críticas, especialmente contra el edil de Personal y Policía, José Manuel Ferrándiz. Podemos le acusa de «haber jugado con los sindicatos y la Policía»; y Vox de «haber rozado la ilegalidad» por aprobarse con informes en contra. El portavoz del PP, Óscar Lillo puso en duda la validez del edil y le pregunta «hasta cuándo va a ser concejal». Y el portavoz de Cs, Pachi Pascual, le pedía al alcalde una renovación de competencias y que releven a Ferrándiz de sus funciones porque las áreas «le vienen grandes». Mientras el aludido asumió la responsabilidad de lo ocurrido y dijo que trabajará para sacarlo adelante.
En el pleno se presentaron cinco mociones. Todos los partidos excepto Vox, aprobaron una moción conjunta por el Día Internacional de la Mujer y el camino hacia la igualdad que se conmemora el próximo 8 de marzo.
