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San Vicente ejerce el derecho de tanteo y retracto para comprar por 90.000 euros la séptima vivienda social

La adquisición de la primera casa que se adjudicó a través del convenio sigue bloqueada y el Ayuntamiento ha recurrido a la Generalitat Valenciana para que se tomen medidas contra el fondo buitre propietario del inmueble

Entrega de las llaves a las cuatro familias adjudicatarias de las casas sociales, una en la imagen. | INFORMACIÓN

San Vicente del Raspeig incorpora un nuevo inmueble al parque de viviendas sociales. Se trata de una casa ubicada en el centro tradicional que se suma a las seis de las que ya dispone el consistorio y que ha comprado desde 2018. Va a pagar por ella 90.000 euros.

La junta de gobierno ha dado luz verde para ejercer el derecho de tanteo de un nuevo inmueble. La vivienda de la que Servicios Sociales podrá disponer una vez se formalice el pago, está ubicada en una sexta planta, tiene tres dormitorios, un cuarto de baño, aseo cocina, galería y tiene una superficie útil de 83 metros cuadrados. A finales de agosto el Servicio Municipal de Arquitectura Privada realizaba una valoración previa de la casa e incluía un estudio de mercado. Y tasaban el inmueble en casi 17.000 euros más del precio de compraventa.

Está a punto de cumplirse un año desde que el 30 de septiembre de 2020 el pleno dio luz verde al convenio con la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Vivienda, de la cesión al Ayuntamiento de San Vicente de los derechos de tanteo y retracto. Es el Ayuntamiento el que asume el ejercicio de este derecho. Y tiene que ser informado de las viviendas que están en venta en el municipio, para decidir si ejerce dicho derecho. Y periódicamente recibe datos de las casas de están en venta.

El acuerdo con la Generalitat obliga a que los pisos adquiridos ejerciendo el derecho de tanteo y retracto deben destinarse a vivienda habitual y permanente de familias, personas y colectivos con escasos recursos inscritos en el registro de la concejalía de Bienestar Social. La compra de estas casas obtiene la calificación de vivienda de protección pública.

El camino para la puesta en marcha de las viviendas sociales ha sido largo. Y finalmente ha sido esta semana pasada cuando el consistorio ha entregado las llaves de cuatro de los inmuebles comprados en los últimos años. Los otros dos se han reservados a situaciones de emergencia social sobrevenidas.

San Vicente ejerce el derecho de tanteo y retracto para comprar por 90.000 euros la séptima vivienda social

Sin embargo, el Ayuntamiento aún no ha resuelto la compra de la primera vivienda por la que ejerció el derecho de tanteo. Una casa que ha sido polémica puesto que estaba prevendida a una joven pareja que finalmente no la pudo adquirir al ejercer el consistorio el derecho de tanteo.

Sin embargo y a pesar de tener los 115.000 euros de compra consignados y retenidos el propietario de la misma, un fondo buitre radicado en Barcelona, está obstaculizando el proceso, según explican desde el Ayuntamiento. No aporta la documentación para poder finalizar la compra de la casa. El alcalde, Jesús Villar, reconocía ayer que ya han trasladado el problema a la Conselleria de Vivienda, de la que esperan que lleguen las soluciones al ser la entidad competente en cuanto al derecho de tanteo y retracto, Pero por el momento, el primer edil reconoce que la compra sigue bloqueada a pesar de la retención de crédito que se hizo hace ya siete meses. Y con el agravante de que este verano la propiedad la puso a la venta en al menos un portal inmobiliario en internet donde además, se ofertaba por un precio superior al que iba a pagar el consistorio.

El presupuesto municipal de 2021 contempla 150.000 euros para la compra de viviendas sociales. De los cuales 136.000 euros provienen de partidas del área de Fiestas. A la vez, y gracias al «segundo presupuesto» a través del remanente extraordinario con el que se cuenta, San Vicente dispone de otros 300.000 euros.

El objetivo hasta fin de año es adquirir tres inmuebles más

El objetivo que se ha marcado el gobierno local de San Vicente hasta final de año es lograr la compra de tres viviendas más para incorporar a las ya existentes. Las familias beneficiarias de estos pisos sociales no tienen que pagar nada por vivir en ellas al considerarse un recurso de emergencia habitacional. A la vez, disponen de un acompañamiento social con un plan de reinserción para ayudarles a mejorar su situación que incluye también un apoyo para encontrar un empleo. En principio se trata de un recurso del que pueden disponer durante seis meses. Hubo 18 peticiones de familias para habitar estas casas, y finalmente han quedado 14.

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